Lo que inició como “relatos de niños” terminó en el hallazgo de una habitación clandestina; padres de familia denuncian abusos sistemáticos y exigen justicia frente a una directora señalada de encubrimiento.
En la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en el estado de Puebla, el silencio de las aulas se rompió por un grito de indignación que hoy resuena en todo el país. Lo que muchos padres de familia temían que fueran “imaginaciones” de sus hijos, se materializó en una cruda realidad: el Colegio Carrusel Magone, una institución de nivel preescolar y primaria, ocultaba una vivienda clandestina detrás de lo que debía ser un espacio de aprendizaje y alegría.
La movilización, que alcanzó niveles críticos durante la noche, llevó al descubrimiento de un acceso oculto a través del salón de música. La directora, Judith Gasparian, había asegurado durante años que se trataba de una simple bodega. Sin embargo, al abrir la puerta, los padres encontraron una vivienda habitada por personas ajenas al colegio, con recámaras, ropa de hombre y objetos personales que nada tenían que ver con la educación de los menores.
“No podíamos ver nada”: El desgarrador testimonio de los alumnos
Lo más doloroso de este caso no es solo la infraestructura oculta, sino el uso que presuntamente se le daba. De acuerdo con los testimonios de los alumnos, varios niños eran llevados a ese cuarto oscuro bajo amenazas o falsas medidas disciplinarias.
Los relatos infantiles coinciden en detalles que hielan la sangre:
- Uso de antifaces: Los menores eran privados de la vista para que no pudieran identificar a sus agresores.
- Maltratos físicos: Golpes y jalones eran parte de la “disciplina” en el lugar.
- Agresiones sexuales: La denuncia formal ante la Fiscalía apunta a presuntos actos de abuso cometidos en ese espacio secreto.
Entre la mudanza nocturna y el intento de ocultar pruebas
La desconfianza de los padres creció cuando, tras el hallazgo, la directora alegó no tener las llaves del sitio. La tensión escaló durante la madrugada, cuando los familiares denunciaron que la directiva solicitó camiones de mudanza en un intento desesperado por retirar pertenencias y evidencias del inmueble antes de que la Fiscalía General del Estado (FGE) tomara el control de la escena.
Gracias a la presión ciudadana, el inmueble quedó bajo resguardo, y los peritos ya trabajan en la recolección de indicios para determinar quiénes habitaban la vivienda contigua y cuál era su relación con la escuela.
Una comunidad que exige protección, no solo justicia
Ante la gravedad de los hechos, la SEP estatal ha suspendido las clases presenciales, enviando a los alumnos a una modalidad a distancia por seguridad. Sin embargo, para los padres, esto no es suficiente. Existe una carpeta de investigación abierta y la exigencia es una sola: la revocación definitiva del permiso del colegio y cárcel para quienes permitieron que una escuela se convirtiera en una “casa del terror”.
“Llevamos cuatro años confiando lo más sagrado que tenemos a esta gente”, comentaba una madre de familia entre lágrimas. Hoy, el Colegio Carrusel Magone permanece cerrado, pero la herida abierta en la comunidad de Ignacio Romero Vargas tardará mucho tiempo en sanar, mientras Puebla espera que el peso de la ley caiga sobre quienes traicionaron la inocencia de los niños.
