Advierte que condiciones propuestas podrían frenar la venta de activos y retrasar el pago a trabajadores
La tensión dentro del proceso concursal de Altos Hornos de México escaló nuevamente, luego de que la empresa fijara una postura crítica frente a las reglas planteadas para la venta de sus activos, al considerar que podrían abrir la puerta a ventajas indebidas y poner en riesgo la equidad del procedimiento.
Mediante un documento entregado ante el juzgado, GABRIEL IVÁN SARABIA ZÚÑIGA, en representación de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., expuso una serie de observaciones en las que, sin rechazar el avance del proceso, sí cuestiona con firmeza los mecanismos propuestos por el síndico para llevar a cabo la subasta.
“Mi representada está muy interesada en que este proceso termine… es necesario que se le dé una celeridad completa… para efecto de que éste ya se termine y se pague a los trabajadores”, se establece en el escrito, dejando ver que la urgencia no es solo financiera, sino también social.
Uno de los principales focos de conflicto es la contradicción en el esquema de posturas, donde se plantea un mínimo del 85% del valor de los activos, pero al mismo tiempo se permitirían ofertas por debajo de ese porcentaje, lo que, a juicio de la empresa, rompe cualquier lógica jurídica.
“No es jurídicamente válido fijar un umbral mínimo… y simultáneamente permitir su transgresión”, advierte el documento, señalando que esta ambigüedad genera incertidumbre y debilita la transparencia del proceso.
La empresa también alerta que este tipo de condiciones podrían derivar en un terreno desigual para los participantes, beneficiando a algunos postores por encima de otros y afectando la libre competencia.
“Se genera un escenario de desigualdad… que distorsiona la libre concurrencia y competencia en el remate”, se indica, subrayando el riesgo de que la subasta pierda su carácter abierto y equitativo.
Sin embargo, el señalamiento más delicado apunta a la posible intervención de acreedores garantizados en decisiones clave del proceso, lo que, según AHMSA, no solo es indebido, sino contrario a la ley.
“Aceptar lo contrario equivaldría a reconocer a los acreedores privilegiados un poder de veto que no les concede la ley”, advierte la representación legal, en una postura que refleja la preocupación por un eventual control del proceso por intereses particulares.
Incluso, el documento lanza una advertencia directa sobre el impacto que esto podría tener en el desarrollo de la subasta.
“La subasta… se encuentra secuestrada por intereses particulares de unos cuantos acreedores”, se afirma, dejando entrever un escenario en el que la venta podría estancarse si no se corrigen las condiciones actuales.
Otro de los puntos que genera rechazo es la intención de permitir que acreedores participen como postores utilizando sus propios créditos, una práctica que, según la empresa, rompe completamente la igualdad entre los interesados.
“Permitir que un acreedor garantizado ‘compense’ su postura con su propio crédito equivaldría otorgarle una ventaja indebida”, se señala, insistiendo en que todas las ofertas deben realizarse bajo las mismas condiciones y en efectivo.
Más allá del debate técnico, el documento insiste en que el objetivo central del proceso no puede desviarse: garantizar el pago a los trabajadores y proteger el interés colectivo.
“El producto de la enajenación debe integrarse a la masa concursal… y de manera preferente deben cubrirse los créditos laborales”, recalca, colocando en primer plano a quienes han sido los más afectados por la crisis.
En un escenario donde cada decisión puede acelerar o frenar el desenlace, AHMSA deja claro que no se opone a la venta, pero sí a cualquier mecanismo que comprometa la legalidad, la transparencia y, sobre todo, la justicia para miles de familias que dependen de una resolución pronta y equitativa.
