Hijos del gobernador con licencia de Sinaloa bajo la lupa por irregularidades fiscales y facturación millonaria.
Mientras el paradero de Rubén Rocha Moya sigue siendo una incógnita tras su solicitud de licencia, nuevas revelaciones sacuden los cimientos de su administración y su círculo familiar. Una investigación basada en documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto al descubierto una compleja red de operaciones financieras irregulares centradas en la constructora “Chocosa S.A. de C.V.”, propiedad de sus hijos, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz.
El esquema detectado apunta a una relación comercial con al menos nueve empresas señaladas por facturar operaciones simuladas. Entre 2013 y 2017, la compañía de los hermanos Rocha habría canalizado más de 12 millones de pesos a entidades bajo sospecha de ser “fantasmas”. Sin embargo, el dato más alarmante es el volumen de facturación cancelada: entre 2015 y 2021, la empresa anuló comprobantes fiscales por la estratosférica suma de 124 millones de pesos, una práctica común para ocultar ingresos o evadir responsabilidades tributarias.
Inconsistencias que no cuadran
La lupa del SAT también encontró discrepancias brutales en las declaraciones de la constructora. Tan solo en 2021, se detectó una diferencia de más del 90% en la aplicación de saldos a favor del IVA respecto a lo que legalmente procedía. Este historial de operaciones simuladas y beneficios fiscales injustificados se suma a la presión internacional que ya pesa sobre el mandatario sinaloense.
¿Efecto dominó en el gabinete?
La caída en desgracia de la estructura de Rocha Moya podría ser solo el inicio. Expertos en seguridad y consultores como David Saucedo advierten que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos tiene en la mira a otros perfiles de alto nivel. En la lista de posibles investigados por presuntos nexos con el crimen organizado o financiamiento irregular figuran nombres como el de Américo Villarreal (Tamaulipas), Marina del Pilar (Baja California) y el actual secretario de Educación, Mario Delgado.
Este escándalo de “factureras” y empresas fantasma añade una carga de corrupción administrativa a las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, cerrando el cerco sobre una de las familias que, hasta hace poco, ostentaba el control total de Sinaloa.
