Las medidas aplicadas por la Secretaría Anticorrupción corresponden a faltas no graves cometidas por servidores públicos en distintas dependencias federales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a funcionarios de Pemex y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque la mayoría de los castigos serán suspensiones temporales de entre 15 y 30 días por faltas consideradas no graves.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran omisiones en el servicio público, incumplimiento en procesos administrativos y conductas indebidas. Las medidas fueron determinadas por los Órganos Internos de Control bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de cada caso.
En Petróleos Mexicanos (Pemex), Gabriel P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, recibió una suspensión de 15 días por no documentar la entrega de su puesto durante 2025. Además, Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, fue suspendida 30 días por no realizar el acta de entrega de un encargo temporal.
En el caso del AIFA, Gibrán C., jefe de Departamento de Mercadotecnia, fue sancionado con 15 días de suspensión por faltas de respeto hacia una compañera. También se aplicaron suspensiones de seis días a dos técnicos en combustibles tras provocar un derrame el año pasado.
La Secretaría Anticorrupción explicó que estas sanciones se aplicaron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otras dependencias involucradas en medidas similares son el ISSSTE, Banjército y la Secretaría de Salud.
En el Hospital General de México, médicos generales y especialistas fueron inhabilitados hasta por 30 días luego de omitir la hospitalización de una paciente, situación que agravó su estado de salud, según informó la dependencia federal.
No todas las sanciones fueron menores. Pemex suspendió por un año a un gerente de la Subdirección de Servicio de Salud, siendo el castigo más severo entre los casos anunciados recientemente.
La dependencia encabezada por Raquel Buenrostro señaló que los servidores públicos sancionados pueden impugnar las resoluciones. También reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de transparencia y combate a la corrupción dentro del gobierno federal.
