Asegura que el procedimiento cumple con la ley y que retrasar la enajenación solo prolonga la incertidumbre de miles de trabajadores y acreedores de la siderúrgica.
La venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) no debe detenerse por las objeciones presentadas por algunos acreedores, sostuvo el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez al responder formalmente ante el juzgado encargado del concurso mercantil. El funcionario argumentó que la propuesta de enajenación cumple con los requisitos legales y representa la vía más viable para avanzar en la liquidación de la empresa.
En un extenso documento dirigido a la jueza del concurso, el síndico defendió tanto el avalúo realizado a los activos como el mecanismo de venta planteado para la etapa de quiebra. Según expuso, la estrategia fue diseñada con respaldo técnico y jurídico especializado para garantizar transparencia, legalidad y la obtención del mayor valor posible por los bienes de la siderúrgica.
Aguilera sostuvo que las observaciones formuladas por diversos acreedores no desacreditan el trabajo realizado ni aportan elementos suficientes para invalidar el procedimiento. Por el contrario, señaló que muchas de las inconformidades se basan en interpretaciones parciales o planteamientos que ya habían sido aclarados dentro de la documentación presentada ante la autoridad judicial.
El síndico también destacó que la valuación de los activos fue elaborada por especialistas con experiencia en la industria y bajo estándares reconocidos internacionalmente. El estudio tomó en cuenta distintos métodos de valoración para determinar el potencial económico de las unidades operativas, considerando incluso escenarios de recuperación y continuidad industrial.
Uno de los puntos centrales de la respuesta fue el relacionado con la legitimación de quienes se oponen a la venta. Aguilera afirmó que varios de los acreedores inconformes no reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles para frenar una operación de esta naturaleza, por lo que sus objeciones no tendrían efectos jurídicos suficientes para impedir el avance del proceso.
Respecto a los cuestionamientos sobre el valor mínimo considerado para recibir ofertas, explicó que el porcentaje fijado busca servir como referencia inicial para atraer propuestas serias y competitivas. Agregó que cualquier modificación o aceptación de ofertas distintas dependerá de la valoración y autorización que realice la jueza responsable del procedimiento.
En su respuesta también abordó las preocupaciones expresadas por organizaciones sindicales que representan a trabajadores afectados por la crisis de AHMSA. Reconoció que miles de familias han sufrido las consecuencias económicas derivadas de la paralización de la empresa y aseguró que la venta pretende precisamente generar recursos que permitan atender esas obligaciones pendientes.
El documento insiste en que los derechos laborales conservan la protección y prioridad que les otorga la legislación mexicana. De acuerdo con el síndico, los créditos reconocidos a favor de los trabajadores serán cubiertos conforme al orden legal establecido, por lo que rechazó cualquier señalamiento relacionado con una supuesta afectación a sus derechos.
Asimismo, señaló que la eventual llegada de inversionistas o compradores podría representar una oportunidad para impulsar nuevamente la actividad industrial y recuperar parte de los empleos perdidos durante los últimos años. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión sobre el futuro de las unidades productivas dependerá de las determinaciones que adopte la autoridad concursal.
Finalmente, Aguilera solicitó a la jueza desestimar en su totalidad las objeciones planteadas por los distintos acreedores y aprobar el procedimiento especial de venta. Consideró que seguir postergando la enajenación solo provocaría una mayor pérdida de valor de los activos y retrasaría la posibilidad de obtener recursos para satisfacer los adeudos acumulados durante la crisis de AHMSA.
