La falta de acuerdos entre maestros y autoridades mantiene en incertidumbre el cierre del ciclo escolar en varios estados del país
A menos de un mes de concluir el ciclo escolar 2025-2026, el paro indefinido de la CNTE mantiene afectados a más de un millón 390 mil estudiantes de educación básica en México. La suspensión de clases comenzó el pasado 1 de junio y continúa sin acuerdos entre el magisterio y el gobierno federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, Oaxaca es el estado con mayor afectación, con más de 10 mil escuelas cerradas. También destacan Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, donde miles de planteles permanecen sin actividades mientras continúan las movilizaciones de los docentes.
Las cifras oficiales señalan que más de 88 mil maestros participan en las protestas realizadas tanto en la Ciudad de México como en entidades donde la Coordinadora tiene presencia. Oaxaca concentra además la mayor cantidad de alumnos sin clases, seguido de Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.
Especialistas en educación consideran que el problema ya supera una disputa laboral. Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, advirtió que el conflicto pone en riesgo el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes en el país.
El investigador señaló que hasta el momento no existe una estrategia clara para recuperar el aprendizaje perdido durante las semanas sin clases. También alertó sobre posibles rezagos educativos en estados que históricamente presentan bajos niveles de escolaridad y mayores problemas de pobreza educativa.
Martínez explicó que durante los primeros diez días del paro se habrían destinado alrededor de 586 millones de pesos en salarios para docentes que no impartieron clases. Estimó que, de continuar las protestas, el costo económico podría superar los 879 millones de pesos en las próximas semanas.
Por otra parte, algunos maestros consideran que el cierre administrativo del ciclo escolar no está en riesgo. Carmen Sánchez, docente de primaria en Michoacán, comentó que las evaluaciones y reportes finales ya fueron entregados desde mayo, por lo que la documentación oficial podría distribuirse sin retrasos.
Organizaciones enfocadas en derechos de la infancia pidieron que las negociaciones incluyan medidas para apoyar a los estudiantes afectados. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, afirmó que las niñas y niños no deben convertirse en parte de una disputa política.
