Desesperados por la tragedia de 9 mil familias, los trabajadores encaran a la autoridad judicial: denuncian un despojo de 48 millones de pesos y exigen auditar diariamente al síndico.
La paciencia de los trabajadores de Altos Hornos de México se agotó. El Grupo de Defensa Laboral de la siderúrgica acudió formalmente ante los tribunales federales para impugnar el remate de la línea ferroviaria Coahuila-Durango, calificando la transacción como un golpe demoledor y un despojo hacia los obreros.
Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación, dirigió un duro reclamo a la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. En el escrito expresa la severa inconformidad de la base trabajadora por la venta del cincuenta por ciento de las acciones de dicha filial.
Para la defensa laboral, los cuarenta y ocho millones de pesos pactados por el síndico representan una cantidad ridícula e inverosímil. Los inconformes sentenciaron que el valor real de la maquinaria del sistema ferroviario supera por diez veces el monto en el que se entregó la compañía.
Los obreros exigieron a la jueza acceso total e inmediato al expediente desde el inicio del concurso mercantil. Necesitan revisar urgentemente el avalúo oficial presentado, manifestando su desconfianza ante las trabas del juzgado que impiden ver actuaciones anteriores cuando se autoriza a un nuevo usuario digital.
El reclamo judicial está impregnado de desesperación absoluta. Los afectados recordaron a la juzgadora que el proceso legal acumula más de tres años de retrasos intencionados. En este doloroso lapso, más de ochenta compañeros han fallecido esperando justicia laboral, dejando en el desamparo a nueve mil familias.
Mientras los obreros viven en la desesperanza, denunciaron que el personal de la sindicatura cobra sueldos millonarios. Calificaron estas nóminas como un gasto desproporcionado, acusando que los administradores perciben ingresos mensuales superiores a los de la propia Presidenta de la República, operando como si la empresa generara utilidades.
Ante esta alarmante opacidad, exigieron a la jueza ordenar un escrutinio especial diario sobre el síndico Víctor Manuel Aguilera. El objetivo es obligarlo a comprobar cada gasto en tiempo real, evitando que consuma el dinero de la venta antes de que rinda sus desfasados informes mensuales.
