El nuevo órgano coordinará la revisión voluntaria de aspirantes con apoyo de autoridades federales para detectar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo órgano que coordinará la revisión voluntaria de aspirantes a cargos de elección popular con miras al proceso electoral federal de 2027. Su objetivo será identificar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.
La comisión estará integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Arturo Chávez asumirá la presidencia durante el primer año y, posteriormente, el cargo será rotativo entre los demás integrantes. La creación de este organismo forma parte de las reformas electorales aprobadas este año.
El mecanismo no realizará investigaciones propias. Su función será solicitar información a dependencias federales como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para elaborar una evaluación de riesgo.
Los resultados serán entregados únicamente al partido político o a la candidatura independiente que solicite la revisión. El procedimiento será completamente voluntario y las observaciones tendrán un carácter informativo, por lo que no impedirán el registro de un aspirante ni sustituirán las facultades de las autoridades encargadas de investigar delitos.
La integración de la comisión se definió tras una reunión privada entre las consejerías del INE. Aunque inicialmente ocho consejeros manifestaron interés en participar, varios declinaron su postulación, lo que permitió concretar la conformación final del nuevo órgano encargado de coordinar este mecanismo preventivo.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha reiterado que el instituto no investigará ni determinará responsabilidades penales. La decisión de mantener o retirar una candidatura seguirá siendo responsabilidad de los partidos políticos o de las personas aspirantes, mientras que las investigaciones corresponderán exclusivamente a las autoridades competentes.
