Los contratos, realizados entre 2020 y 2025, incluyen drones, patrullas, equipo de seguridad y pruebas de Covid-19; Estados Unidos señala a estas compañías por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Gobiernos de Baja California y Sonora, así como los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, contrataron entre 2020 y 2025 a empresas que recientemente fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con una revisión de contratos públicos, las empresas recibieron recursos por al menos 108 millones 480 mil pesos. Entre los productos y servicios adquiridos aparecen drones, uniformes, chalecos antibalas, patrullas, tecnología de reconocimiento facial, publicidad y pruebas rápidas de Covid-19.
La mayor cantidad corresponde a la Fiscalía General del Estado de Baja California, que entre 2022 y 2025 realizó 36 contratos por más de 75 millones de pesos con dos de las compañías posteriormente sancionadas.
Uno de los principales proveedores fue Inteliproof Efficient, empresa que obtuvo 33 contratos de la Fiscalía por más de 73 millones de pesos. Entre los productos adquiridos estuvieron equipo de cómputo, binoculares, drones, uniformes, chalecos antibalas y tecnología para labores de investigación.
En 2025, la compañía recibió ocho contratos por alrededor de 33 millones de pesos. Uno de ellos, por 11.6 millones, correspondió a software de reconocimiento facial para la Dirección de Tácticas de Investigación.
Otra empresa contratada fue Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, que recibió tres contratos en 2024 por más de 2.2 millones de pesos para servicios de redes sociales, publicidad digital y producción de material informativo.
La Oficialía Mayor de Baja California también realizó seis contrataciones por más de 8.4 millones de pesos, relacionadas con equipo de protección, cómputo, refacciones y uniformes para corporaciones de seguridad.
En Sonora, durante 2020, los Servicios de Salud contrataron a Holistic Wellwaves para adquirir 18 mil pruebas rápidas de Covid-19 por 8 millones 769 mil 600 pesos.
El contrato fue firmado mediante adjudicación directa debido a la emergencia sanitaria. Cada prueba tuvo un costo de 420 pesos y debía entregarse entre agosto y septiembre de ese año.
También aparecen contratos en Playas de Rosarito por casi 11.9 millones de pesos. Entre las adquisiciones se encuentran cámaras corporales para policías, uniformes y tres vehículos equipados como patrullas.
En Tecate se localizaron contratos por casi 3.9 millones de pesos para el arrendamiento de cuatro patrullas y servicios de asesoría jurídica, fiscal y contable.
Las empresas mencionadas fueron incluidas por la OFAC en una acción contra una red que, según autoridades estadounidenses, estaría relacionada con operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La sanción estadounidense no significa por sí misma que los contratos públicos hayan sido ilegales. La información revisada documenta las contrataciones y las posteriores sanciones de Estados Unidos, mientras que las posibles responsabilidades de funcionarios o particulares tendrían que ser determinadas por las autoridades correspondientes.
