El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas por presuntos vínculos con la organización criminal. Entre los señalamientos figuran constructoras y compañías de combustibles que operan en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló una presunta red empresarial relacionada con el Cártel del Noreste, que habría utilizado compañías para obtener contratos públicos y canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos de su interés. Los señalamientos forman parte de una serie de sanciones anunciadas por autoridades estadounidenses.
Entre las empresas señaladas está Construcciones y Edificaciones Garza Elías, conocida como CEGESA. Según el Tesoro estadounidense, la compañía habría obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente subcontratado trabajos a personas vinculadas con el grupo criminal.
Otra empresa mencionada es Concretos y Productos Asfálticos del Norte, COPASA, que presuntamente suministraba materiales para las obras. Ambas compañías forman parte de una estructura empresarial que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habría concentrado actividades de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los señalamientos también alcanzan a otras compañías dedicadas a la construcción, el desarrollo inmobiliario, el suministro de gas y el transporte de combustibles. Entre ellas figuran Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
El Departamento del Tesoro también señaló a Gamaliel Garza Elías por su presunta participación en las operaciones de CEGESA y por supuestamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste. Estas acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y deben distinguirse de hechos acreditados mediante una resolución judicial.
En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con esta estructura. Las medidas abarcan actividades vinculadas con carreras de caballos, construcción, transporte terrestre y los sectores petrolero y gasero.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones consideradas atípicas, entre ellas movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles. Las autoridades también identificaron presuntas inconsistencias fiscales y sociedades con poca actividad económica identificable.
El caso vuelve a poner atención sobre los posibles vínculos entre empresas, contratos públicos y financiamiento político en el norte del país. Las acusaciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia financiera y contratación gubernamental, mientras las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
