La decisión se tomó tras las protestas y negociaciones con los sindicatos; los trabajadores habían advertido que el proceso podía poner en riesgo sus derechos laborales y permanencia en sus puestos.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio marcha atrás y abrogó el acuerdo que establecía las reglas para evaluar el desempeño del personal de carrera del Poder Judicial de la Federación. La decisión se tomó este lunes 9 de noviembre, luego de las inconformidades y el paro nacional iniciado por trabajadores.
La medida representa una respuesta a las demandas de los empleados, quienes consideraron que las evaluaciones podían afectar sus derechos laborales e incluso poner en riesgo su permanencia en sus puestos. Durante varios días, trabajadores de distintos órganos judiciales manifestaron su rechazo a las nuevas disposiciones.
Acuerdos con los sindicatos
Durante una sesión extraordinaria, los integrantes del OAJ explicaron que la abrogación responde a los compromisos alcanzados el pasado 7 de noviembre con los tres sindicatos del Poder Judicial. En las negociaciones participaron el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el titular del OAJ, Néstor Vargas.
Uno de los principales acuerdos fue establecer que las evaluaciones únicamente tendrán como finalidad mejorar la eficiencia, el trabajo y la calidad de los servicios de justicia. También se determinó eliminar cualquier disposición que pudiera relacionar estos procesos con sanciones o despidos de trabajadores.
Además, se acordó retirar las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos judiciales. También se planteó modificar los porcentajes de los criterios considerados subjetivos, como las opiniones de compañeros de trabajo, para evitar que influyan de manera injusta en la calificación del personal.
Continúan cerrados juzgados y tribunales
Pese a los acuerdos, el Órgano de Administración Judicial señaló que este lunes todavía permanecían cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales. La institución consideró que esta situación afecta directamente a las personas que necesitan realizar trámites o recibir atención en materia de justicia.
Ante este panorama, el pleno decidió abrogar el acuerdo AG-POAJ-025/2026 para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y cumplir con la obligación constitucional de impartir justicia pronta y expedita. También reiteró su compromiso de mantener el diálogo y atender las necesidades de la ciudadanía.
La decisión marca un avance en las demandas de los trabajadores del Poder Judicial, quienes rechazaron un sistema de evaluación que, desde su perspectiva, podía afectar su estabilidad laboral. Ahora, el siguiente paso será conocer las modificaciones que se publicarán oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.
