Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. Además, se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y se eliminó la segunda vuelta electoral, concentrando más poder en el Ejecutivo.
Los cambios fueron impulsados por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, quienes dominan la Asamblea. La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la medida asegurando que se busca “darle el poder total al pueblo salvadoreño”, destacando que otros cargos ya permiten reelección indefinida.
La oposición, representada por partidos como ARENA y Vamos, rechazó rotundamente la reforma. La diputada Marcela Villatoro denunció que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, criticando el proceso como apresurado, sin consulta ciudadana y diseñado para fortalecer a Nayib Bukele.
La reforma también elimina la obligatoriedad de una segunda vuelta presidencial, incluso si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta. Este cambio permitirá elecciones más rápidas, pero reduce las oportunidades para que surjan alternativas frente al candidato más votado.
En lo inmediato, la reforma podría permitir que Bukele se postule nuevamente en 2027, adelantando los comicios presidenciales para que coincidan con elecciones legislativas y municipales. La medida aún necesita ser ratificada en una segunda legislatura para entrar oficialmente en vigor.
Organismos de derechos humanos y analistas internacionales han expresado preocupación por la creciente concentración de poder. Desde 2019, el gobierno de Bukele ha promovido reformas que, según sus críticos, debilitan los contrapesos institucionales y ponen en riesgo la democracia en el país.
Durante su gobierno, Bukele ha defendido medidas polémicas como el régimen de excepción, vigente desde 2022 y prorrogado más de 40 veces. En junio, el presidente declaró: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, restando valor a conceptos como democracia y Estado de derecho.
La aprobación de esta reforma marca un giro profundo en la historia política de El Salvador. De ser ratificada, establecerá un nuevo modelo presidencial sin límites claros a la reelección, y consolidará el proyecto político que Bukele ha venido construyendo desde su llegada al poder.
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