Ambas partes tendrán cuatro meses para presentar pruebas ante el juez
El delegado regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, aseguró que el cambio de medida cautelar a Hilda Natalia —de prisión preventiva al uso de brazalete electrónico— fue resultado de una solicitud legal válida. El juez consideró procedente la petición, como lo permite el marco del debido proceso.
Medina enfatizó que esta decisión no debe politizarse ni mediatizarse. Recordó que la ley otorga a los imputados el derecho de solicitar audiencias para revisar su situación jurídica, y que el juez resolvió con base en los elementos presentados por la defensa de Hilda, sin intervención externa ni irregularidades.
Detalló que el caso se encuentra en una etapa clave: el juez estableció un plazo de cuatro meses, tanto para el denunciante como para las personas señaladas, con el objetivo de que ambas partes puedan presentar todas las pruebas que sustenten su versión de los hechos ante el tribunal.
Sobre las declaraciones del esposo de Hilda, quien considera que hubo arbitrariedades, el delegado respondió que no se han violentado derechos. Afirmó que la Fiscalía ha respetado los pasos legales y que será el juez quien valore los elementos de prueba aportados por ambas partes durante estos meses.
Finalmente, indicó que la investigación por el presunto robo de 1.5 millones de pesos sigue en curso. Aún se analiza si el afectado contaba realmente con esa cantidad de dinero, e incluso más de seis millones, como él afirma. Todo sigue bajo revisión en la integración de las carpetas.
