Colonos denuncian intento de negociación impuesta y exigen solución justa a disputa por escrituras en Frontera
La incertidumbre legal pesa sobre 980 familias de la colonia Diana Laura, en Frontera, desde hace 25 años. Compraron terrenos con documentos que, con el tiempo, resultaron inválidos. Hoy, enfrentan el reclamo de un presunto propietario que apareció dos décadas después, exigiendo condiciones que consideran injustas y poco transparentes.
En aquel tiempo, los lotes fueron vendidos por Jesús Solís, ya fallecido, a compradores que aseguran actuar de buena fe. Sin embargo, tras veinte años, surgió el doctor Cárdenas reclamando la propiedad. Los vecinos no rechazan su derecho, pero sí que la negociación se imponga sin reconocer su historia y aportaciones.
Cuestionan por qué el médico no actuó contra Solís en vida ni reclamó antes. Afirman que jamás aportó un peso para servicios básicos como agua o luz, pagados por ellos mismos. Con esfuerzo levantaron casas y bardas, y guardan contratos de compraventa que respaldan su adquisición legítima.
Problemas similares afectan a más de 400 personas en Cuatrociénegas. Ante la falta de respuesta gubernamental, hace año y medio se afiliaron a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, guiados por el profesor Santo. Reconocen el apoyo humano de su líder, José Luis López Cepeda, quien los acompaña en cada gestión.
Las negociaciones con el doctor Cárdenas han fracasado. En un inicio, se acordó un precio razonable para regularizar escrituras, pero él elevó el valor cinco o seis veces más. Esto frustró el avance, dejando a las familias atrapadas entre la incertidumbre y el riesgo de perder lo que han construido.
Hace tres semanas, la Secretaría de la Vivienda se ofreció a mediar. El plan es una reunión entre gobierno, el doctor Cárdenas, líderes de la UNTA y representantes de las colonias afectadas. El objetivo es alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que dura ya un cuarto de siglo.
Los vecinos rechazan que parezca que invadieron terrenos. Afirman que el verdadero propietario debió intervenir desde el inicio de las construcciones y no dos décadas después. La lucha que hoy libran busca una negociación justa, que reconozca tanto el derecho legal como el esfuerzo de quienes han hecho vida en el lugar.
