Los altos salarios de directivos contrastan con trabajadores que llevan casi tres años sin recibir pagos
La reciente filtración de la nómina de seguridad AHMSA ha encendido la indignación entre los obreros que aún esperan salarios pendientes. La lista revela percepciones estratosféricas, desde 189 mil hasta 29 mil pesos mensuales, mientras trabajadores sobreviven con chambitas informales y sin certeza de cuándo recibirán los pagos adeudados.
Obreros calificaron los montos como inmorales y señalaron la contradicción de que el jefe de seguridad, Acosta, cobre 200 mil pesos mensuales mientras afirma desempeñar sus funciones sin percibir salario alguno. La revelación ha reactivado críticas al síndico de quiebra, Víctor Manuel Aguilera, acusado de priorizar pagos millonarios a su equipo administrativo.
Documentos previos evidencian que, en marzo de 2025, el síndico Aguilera recibió pagos por más de 22 millones de pesos vía consultorías, mientras el ex presidente del consejo, John Abbot, obtuvo cinco millones de dólares. Los trabajadores han usado estos documentos para presionar y demostrar la desigualdad entre directivos y obreros.
En julio de 2025, nuevas filtraciones provocaron dudas sobre la legitimidad de los listados salariales. Aguilera explicó que incluyen créditos reconocidos, contratos individuales, indemnizaciones y prestaciones, abarcando desde obreros hasta directivos. Asimismo, aseguró que pedirá ante el juzgado acceso transparente para quienes tengan interés legítimo en la información.
Más de 8,000 ex trabajadores esperan salarios y finiquitos, mientras aproximadamente 6,000 siguen activos en la empresa. Los pagos pendientes superan los dos años, aunque el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha intervenido para priorizar a los obreros, intentando corregir lo que califican como “un acto de corrupción tremendo” dentro de AHMSA.
La filtración ha reavivado la indignación y los reclamos de transparencia. Los obreros exigen que los fondos destinados a elevados salarios de seguridad se redirijan para garantizar los pagos adeudados. La intervención federal y el proceso legal representan una esperanza, aunque la fecha exacta de la entrega de salarios todavía es incierta.
