El gobierno federal propone cambios para evitar que se alarguen juicios fiscales con amparos repetitivos; se permitirá solo un juicio una vez definido el crédito por la Corte o tribunales.
La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su equipo jurídico, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley de Amparo. El objetivo principal es evitar que los deudores fiscales retrasen por años el pago de lo que deben al fisco utilizando recursos legales de forma excesiva.
Arturo Zaldívar, asesor del Ejecutivo, explicó que actualmente, aunque exista una resolución firme de la Corte o de un tribunal, los deudores siguen promoviendo amparos. Esto, señaló, impide que la autoridad pueda ejecutar el cobro de créditos fiscales ya reconocidos legalmente.
La propuesta establece que una vez determinado el monto a pagar por parte de un contribuyente, ya no podrá volver a interponer múltiples amparos. Solo se permitirá uno, con el fin de garantizar que el proceso de cobro no se prolongue indefinidamente, como ha ocurrido hasta ahora.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, dijo que la reforma no elimina el derecho a la defensa. Lo que se busca es poner límites a los recursos que se usan para evadir obligaciones fiscales. Esto no afectará a quien defienda su caso de manera legítima.
Zaldívar aclaró que los abusos legales dañan directamente a la Hacienda Pública. Señaló que hay casos donde el SAT no puede cobrar lo que se le debe, incluso años después de tener una resolución definitiva a su favor, por lo que urge una solución legal que evite estos vacíos.
Desde el Senado, donde se analiza la propuesta, se espera una discusión que equilibre el respeto al derecho de defensa con la necesidad de que el Estado recaude lo que legalmente le corresponde. El tema ha generado debate entre expertos en derecho fiscal y constitucional.
La reforma busca enviar un mensaje claro: ya no será posible valerse de recursos judiciales interminables para no pagar lo que se debe. Se trata de asegurar que las decisiones judiciales firmes realmente tengan consecuencias efectivas y que los procesos no se vuelvan eternos.
Con este cambio, el gobierno plantea que los recursos públicos puedan recuperarse con mayor rapidez y eficiencia. Las autoridades aseguran que no se están cerrando las puertas a la defensa, solo se está evitando su uso como herramienta para alargar el incumplimiento.
