El Juzgado Segundo de Distrito tumba la omisión del Tribunal Superior; Hiradier Huerta dobla el brazo a una burocracia que apostó al silencio.
En el Palacio de Justicia de Coahuila, donde se supone que la celeridad y el derecho son los pilares de la casa, el reloj parece haberse detenido por conveniencia. Sin embargo, la justicia federal tiene otros datos y, sobre todo, otros tiempos. Este 9 de febrero, el Juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela dictó una sentencia que es, en esencia, un regaño público para la administración que encabeza Miguel Felipe Mery Ayup.
El fallo del juicio de amparo 1915/2025 es contundente: el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado simplemente “olvidaron” responder a la ley. La víctima de este silencio administrativo no es un ciudadano ajeno a los pasillos legales, sino el exmagistrado Hiradier Huerta Rodríguez, quien desde octubre de 2025 espera que le tramiten la liquidación de su haber por retiro.
El silencio como estrategia de desgaste
La resolución federal no solo ampara a Huerta; desnuda una práctica que parece sistémica bajo el mando de Mery Ayup: la omisión. El tribunal estatal dejó pasar los 15 días hábiles que marca la normativa sin emitir un solo acuerdo. Para el juez federal, esto no es un descuido menor, sino una vulneración flagrante al derecho de petición y al principio de legalidad administrativa.
“La constancia vence la inercia”, sentenció Huerta tras conocer el fallo, dejando claro que su lucha no es solo por un cheque, sino por la dignidad de un profesional que se niega a que la injusticia sea su destino tras años de servicio.
Un Poder Judicial que no pone el ejemplo
Resulta paradójico que la institución encargada de obligar a los ciudadanos a cumplir con sus contratos y términos legales, sea la misma que hoy es exhibida por ignorar sus propios plazos. La narrativa oficial del Tribunal suele hablar de modernidad y eficiencia, pero el caso de Huerta Rodríguez demuestra que, cuando se trata de derechos laborales de quienes ya no están en el círculo del poder, la respuesta es el vacío.
El exmagistrado, quien asegura haber enfrentado un año de sanciones ilegales, ha tenido que recurrir a la vía federal para “despertar” a sus antiguos colegas. Esta sentencia obliga ahora a Mery Ayup a dejar de lado la evasiva y emitir una resolución fundada y motivada. Ya no hay espacio para el silencio.
Lo que sigue para el Tribunal
La justicia federal no fijó el monto, pero sí puso la soga al cuello de la burocracia estatal: tienen que resolver ya. Este episodio queda como un precedente amargo para el Poder Judicial de Coahuila: si un exmagistrado tiene que pelear “amparo tras amparo” para ser escuchado, ¿qué esperanza le queda al ciudadano común que pisa esos juzgados sin conocer la ley?
