Reforma busca frenar las llamadas pensiones doradas y podría generar ahorro anual de cinco mil millones de pesos
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República de México, Laura Itzel Castillo, defendió la reforma que fija un límite a las pensiones de exfuncionarios públicos. Explicó que la medida pretende evitar pagos elevados con recursos públicos y ordenar el sistema de jubilaciones dentro de distintas instituciones del país.
La legisladora señaló que durante años algunos jubilados del sector público recibieron montos mensuales muy altos. Comentó que en ciertos casos se otorgaron pensiones cercanas al millón de pesos, lo que consideró injusto frente a los ingresos de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
Castillo explicó que estos beneficios se dieron en dependencias como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Banco de México. En algunos casos, dijo, bastaba haber trabajado periodos cortos para acceder a pensiones consideradas muy altas.

La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y establece que ninguna pensión podrá superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. Con ese criterio, el límite sería cercano a los 70 mil pesos mensuales para quienes reciban ese beneficio.
De acuerdo con la senadora, el gobierno federal estima que la medida podría generar un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos cada año. Señaló que esos recursos podrían destinarse a programas sociales o a otras necesidades públicas que beneficien directamente a la población.
Castillo agregó que el número de personas que podrían verse afectadas todavía no se ha dado a conocer. Indicó que esa información será presentada más adelante por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió la iniciativa para modificar la Constitución.
La legisladora reconoció que algunos beneficiarios podrían intentar impugnar la medida en tribunales. Sin embargo, sostuvo que al tratarse de una reforma constitucional sería difícil revertirla, aunque admitió que el tema podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis.













