Propuesta busca abrir debate nacional sobre justicia penal para adolescentes
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que impulsará una reforma para que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados con criterios similares a los de adultos. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión.
La propuesta surge tras un caso ocurrido en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras. El mandatario señaló que este hecho evidencia vacíos en la ley actual y la necesidad de revisar cómo se atienden delitos de alto impacto cometidos por menores.
Ramírez Bedolla explicó que la idea es analizar situaciones donde exista intención clara y conciencia de los actos. En esos casos, consideró que las sanciones deberían ser más firmes. También señaló que grupos delictivos aprovechan la edad de los menores para involucrarlos en actividades ilegales.
El planteamiento ha generado debate. Desde la Universidad Iberoamericana advirtieron que juzgar a menores como adultos no es la solución. Especialistas consideran que el sistema debe enfocarse en la reintegración y en reconocer que se trata de personas en desarrollo.
El tema también ha sido mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso abrir la discusión. La posible reforma pone sobre la mesa cómo equilibrar justicia para las víctimas con un enfoque adecuado para adolescentes dentro del sistema penal.
El gobernador adelantó que su propuesta no busca generalizar el trato a todos los menores, sino centrarse en casos específicos donde la violencia sea extrema. Indicó que será necesario definir criterios claros para evitar abusos y garantizar que cada caso sea analizado con cuidado.
También destacó que cualquier cambio deberá considerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Subrayó que la reforma tendría que construirse con la participación de especialistas, organizaciones civiles y autoridades, para lograr un equilibrio entre seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos.
En medio del debate, distintas voces han pedido fortalecer la prevención del delito. Coinciden en que mejorar el acceso a educación, atención familiar y oportunidades puede reducir la participación de menores en hechos violentos, más allá de endurecer las sanciones dentro del sistema penal.
