El Juzgado reconoce la complejidad del proceso y pone a la vista nuevas resoluciones, mientras sindicatos y asociaciones civiles cuestionan nóminas, salarios y listados de empleados.
Ciudad de México.– El expediente 19/2023 del concurso mercantil sigue avanzando entre una maraña de recursos, impugnaciones y revisiones. El pasado 29 de septiembre, el Juzgado encargado del caso confirmó que son 9,861 trabajadores los que figuran como acreedores laborales, lo que mantiene en tensión a las familias que dependen de una resolución clara y justa en medio de la quiebra empresarial.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) informó que sí tiene facultades para revisar los listados enviados por el síndico y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero advirtió que la información es confidencial, por lo que no podrá ser divulgada ni reproducida. Esto generó inquietud entre los afectados, quienes reclaman mayor transparencia sobre los criterios de revisión.
Por su parte, asociaciones civiles de defensa laboral señalaron que los trabajadores activos reciben salarios “excesivos” y que en la nómina aparecen nombres de ex empleados que ya no forman parte de la empresa. Ante ello, pidieron que el SAT verifique los listados y que el síndico detalle funciones y actividades de cada trabajador. Sin embargo, el tribunal aclaró que no existe un tabulador especial de sueldos para empresas en quiebra y que la administración de la compañía corresponde al síndico.
El caso también llegó al Senado de la República. La Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra reiteró su compromiso de garantizar que los derechos de los trabajadores sean atendidos en primer lugar, además de asegurar que la sociedad tenga acceso a información clara y simplificada de cada resolución.
Mientras tanto, siguen apareciendo resoluciones paralelas en tribunales laborales de Coahuila, donde distintas sentencias condenan a la empresa a pagar prestaciones a exempleados y familiares de trabajadores fallecidos. Cada nuevo fallo se suma al cúmulo de créditos laborales que deberán ordenarse dentro del proceso concursal.
En medio de todo, el síndico solicitó autorización para enajenar el 50% de las acciones de una empresa filial, lo que se traduce en un intento de generar recursos para cumplir con los pagos prioritarios. Ahora, las partes tienen un plazo de diez días para pronunciarse sobre esa propuesta de venta.
El procedimiento avanza lentamente, cargado de documentos, apelaciones y vistas desahogadas, pero lo que sigue en el centro de la discusión es la pregunta de siempre: ¿cuándo y cómo recibirán justicia los casi diez mil trabajadores que esperan una respuesta a su situación?
