El decreto entra en vigor con la promesa de ahorrar 5 mil millones de pesos para programas sociales; ningún exservidor público podrá recibir más de 134 mil pesos mensuales.
La era de las jubilaciones millonarias en las empresas del Estado ha llegado a su fin. Este sábado 11 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Constitución para prohibir que cualquier funcionario pensionado reciba un monto superior a la mitad del salario actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta medida, el tope máximo de percepción queda fijado en 134 mil pesos mensuales.
Un ajuste a la austeridad republicana
La reforma surge tras una serie de señalamientos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro, sobre presuntos pagos que rozaban cifras estratosféricas. Aunque la dependencia tuvo que rectificar datos iniciales —aclarando que los casos más altos en Pemex rondaban los 201 mil pesos y no el millón de pesos afirmado originalmente—, el argumento central se mantuvo: las pensiones de altos mandos superan hasta 20 veces el ingreso del trabajador promedio.
El texto modificado es tajante: “Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal”.
Las excepciones del decreto: Militares y la Corte
Pese al rigor de la nueva ley, el decreto contempla blindajes específicos. La reforma excluye a las Fuerzas Armadas, cuyos esquemas de retiro se mantendrán intactos. Asimismo, los cambios no afectan de manera inmediata a los funcionarios retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han mantenido una pugna legal y política por sus haberes de retiro.
Esta distinción ha generado críticas entre quienes consideran que la austeridad debería ser universal, mientras que el Gobierno defiende la excepción militar como una medida de seguridad nacional y estabilidad institucional.
¿A dónde irán los 5 mil millones de pesos?
De acuerdo con las proyecciones de la presidenta Sheinbaum, este recorte a los “privilegios” generará una bolsa de aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales. El destino de este capital está definido:
- Fortalecimiento de Programas del Bienestar: La prioridad absoluta es fondear los apoyos sociales directos.
- Apoyo al campo: Aunque no se ha confirmado oficialmente, existe la expectativa de que parte del ahorro alivie la crisis de los productores agrícolas, quienes han intensificado sus protestas en la última semana por falta de recursos.
Un riesgo en la transparencia
La implementación de este decreto no ha estado libre de polémica. Algunos exfuncionarios afectados alegaron que la difusión de cifras inexactas sobre sus ingresos (como el error del “millón de pesos”) los puso en un riesgo innecesario ante la inseguridad. Ahora, con el decreto en vigor, el reto será demostrar que el ahorro realmente se traduce en beneficios tangibles para la población sin vulnerar el estado de derecho de los jubilados. La austeridad vuelve a ser el eje de la narrativa oficial, pero el tiempo dirá si el ahorro es tan millonario como se prometió.
