Madres de jóvenes detenidos exigen sanción a ministerios públicos y denuncian extorsión; Fiscalía promete audiencia, pero sugiere conflicto de interés en una de las acusaciones.
El pasado jueves, la indignación se mostró con acciones públicas cuando Aidé Tabares y Victoria Machen se manifestaron valientemente. Ambas madres buscan desesperadamente justicia para sus hijos, Víctor Peña y Carlos Machen, quienes fueron detenidos el 26 de abril del año pasado bajo la grave acusación de secuestrar a Roberto Carlos García Medina.
Según el desgarrador testimonio de Tabares y Machen, el calvario que viven va más allá de la detención. Aseguran que, lejos de encontrar un camino hacia un juicio justo, se toparon con funcionarios públicos inescrupulosos que habrían intentado negociar con su dolor a cambio de dinero, sugiriendo actos de extorsión y corrupción.
La Acusación Directa y la Respuesta de la Fiscalía
Las manifestantes exigen la sanción de varios Ministerios Públicos, señalando principalmente a Edgar Abdel Garza.
Ante la contundencia de las acusaciones, el delegado regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, ofreció una respuesta. Sostuvo que el próximo lunes 29 de septiembre, tanto Aidé Tabares como Victoria Machen serán atendidas en la audiencia pública que la institución realiza semanalmente.
Medina no solo extendió la invitación, sino que también pidió a las madres que presenten las pruebas de sus denuncias para poder llevar a cabo una investigación a fondo.
Sin embargo, el delegado también introdujo una nota de cautela respecto a una de las acusaciones más prominentes. Sobre el señalamiento directo contra el MP Edgar Abdel Garza, Medina sostuvo que tienen “certeza” de que se trata de un “tema de carácter personal” impulsado por el abogado de las madres, Miguel Reyna, sugiriendo así un posible conflicto de interés o una motivación extralegal detrás de esa denuncia específica.
La comunidad permanece atenta a lo que pueda revelarse en la audiencia del lunes, con la esperanza de que se esclarezcan las graves denuncias de extorsión y se garantice el debido proceso para los jóvenes detenidos. ¿Podrán las madres demostrar sus acusaciones y lograr la sanción de los funcionarios señalados? El tiempo y las pruebas lo dirán.
