Ciudadana interpone amparo para exigir que se cumpla un mandato constitucional olvidado desde 2021
En un hecho que podría sacudir la política local, el Juzgado Quinto de Distrito admitió el juicio de amparo 1215/2025 promovido por María Cristina De la Rosa Ortega. La denuncia va contra el Congreso de Coahuila por no crear la ley que permitiría a la ciudadanía revocar el mandato del gobernador.
La quejosa sostiene que el 20 de junio de 2021 venció el plazo constitucional para expedir esta norma, establecido en el decreto del 20 de diciembre de 2019. El artículo sexto transitorio otorgaba 18 meses, pero la omisión legislativa absoluta ha dejado a la población sin esta herramienta de participación directa.
La audiencia constitucional fue fijada para el 8 de septiembre a las 9:30 de la mañana. De la Rosa Ortega afirma que esta inacción vulnera derechos fundamentales como los previstos en los artículos 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 y 84 de la Constitución, todos vinculados con la democracia participativa.
En su argumentación, cita criterios de la Suprema Corte que permiten combatir omisiones legislativas cuando existe un mandato claro y su incumplimiento afecta derechos ciudadanos. Jurisprudencias como la tesis 1a. LVIII/2018 reconocen que, a diferencia de los vacíos legales, estas omisiones solo pueden ser subsanadas por el propio Poder Legislativo.
El Congreso del Estado y el gobernador de Coahuila fueron señalados como autoridades responsables, mientras que el Congreso de la Unión figura como tercero interesado. El fallo podría sentar un precedente nacional sobre la obligación de los legisladores de cumplir los plazos y respetar la participación ciudadana que marca la Constitución.
