Artículo 19 ve arbitrariedad y riesgo para la libertad de prensa en Veracruz Un juez de Veracruz abrió proceso penal contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, y ordenó prisión domiciliaria por un año. Aunque el delito de terrorismo fue descartado, seguirá bajo investigación por encubrimiento y otros cargos, una medida que ha generado alarma entre defensores de la libertad de expresión.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, calificó la decisión como desproporcionada y arbitraria. Señaló que el proceso se construyó con rapidez inusual y que las medidas cautelares impuestas afectan directamente el derecho del periodista a informar en un estado considerado de alto riesgo.
De acuerdo con la organización, la carpeta de investigación se integró en apenas 20 días, lo que despierta dudas sobre el fondo del caso. Aunque el juez desechó el cargo más grave, mantuvo otros delitos que, según Artículo 19, se sostienen en interpretaciones forzadas de la ley.
Maldonado advirtió que la prisión domiciliaria impide de hecho que Rafael León continúe ejerciendo el periodismo. Al no poder salir a reportear, su voz queda fuera del espacio público, lo que envía un mensaje de advertencia a otros comunicadores que cubren temas de violencia y seguridad.
El activista sostuvo que acciones comunes del trabajo periodístico, como llegar rápido a una escena o mantener contacto con fuentes, están siendo tratadas como conductas delictivas. A su juicio, esto distorsiona el ejercicio informativo y abre la puerta a la criminalización del oficio.
Para Artículo 19, el caso sienta un precedente preocupante en Veracruz. La organización alertó que, bajo este criterio, periodistas podrían temer investigar o informar por miedo a represalias legales, debilitando el derecho de la sociedad a estar informada.
