Tras legalizar más de 2.9 millones de unidades, el decreto que permitía dar certeza jurídica a vehículos extranjeros llega a su fin este 31 de diciembre.
Lo que comenzó como una medida de emergencia para dar seguridad y patrimonio a miles de familias mexicanas, ha llegado a su última página. El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha publicado oficialmente el decreto que abroga los acuerdos previos y establece el cierre definitivo del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”.
Esta decisión marca un punto de inflexión para el mercado automotriz en la zona fronteriza y en diversos estados del país, donde estos vehículos son, para muchos, la única herramienta de trabajo y transporte familiar.
Una historia que inició en 2021
El camino hacia la legalización de estas unidades comenzó formalmente el 18 de octubre de 2021, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el primer acuerdo en Baja California. Sin embargo, no fue sino hasta el 19 de enero de 2022 cuando se publicó el decreto operativo que permitió iniciar los trámites de manera masiva en los estados fronterizos y otras entidades con alta migración.+1
Durante casi cuatro años, el programa fue extendido en múltiples ocasiones, ampliando no solo su vigencia sino también el tipo de vehículos permitidos (incluyendo aquellos cuyo número de serie iniciaba con letra), siempre manteniendo el costo simbólico de 2,500 pesos destinados a la pavimentación de los municipios participantes.
Un cierre basado en metas cumplidas
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del 31 de diciembre de 2025, la administración federal considera que la finalidad del decreto ha sido atendida. Las cifras son contundentes: al corte del 25 de noviembre de 2025, se lograron regularizar 2,987,839 vehículos.
El argumento central de las autoridades es que el programa ya cumplió su ciclo. “Se considera que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos… lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas”, se lee en la exposición de motivos del decreto.
¿Qué significa esto para los propietarios?
El decreto es claro en sus puntos resolutivos:
- Vigencia cumplida: El programa que fomentaba la regularización tuvo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Abrogación inmediata: Se elimina el acuerdo original de octubre de 2021 y sus reformas posteriores.
- Control del parque vehicular: A partir del 1 de enero de 2026, quienes deseen introducir vehículos extranjeros deberán apegarse estrictamente a la Ley Aduanera y los ordenamientos de importación definitiva ordinarios, los cuales son considerablemente más costosos y rigurosos.
El impacto social y la seguridad
Durante su vigencia, este programa no solo buscó “legalizar” autos, sino también alimentar el Registro Público Vehicular (REPUVE) para mejorar la seguridad pública, permitiendo identificar unidades que anteriormente circulaban en el anonimato.
Para las familias en estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora, el programa representó un alivio económico. Sin embargo, con la firma de la Presidenta y su gabinete (incluyendo a Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard), se cierra la ventanilla de este beneficio extraordinario, devolviendo al país a un esquema de importación tradicional.
