El 15 de abril será una fecha clave: un comité científico de la UNAM y el IPN decidirá si las nuevas tecnologías permiten una explotación sustentable o si el proyecto debe frenarse por su impacto ambiental.
Lo que alguna vez fue una puerta cerrada con llave, hoy parece estar entreabierta. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema que genera tanta esperanza económica como rechazo ambiental: la explotación de yacimientos no convencionales mediante el fracking. A diferencia del sexenio anterior, donde la negativa fue rotunda, la narrativa actual busca un equilibrio entre la soberanía energética y la “tecnología de cuarta generación”.
La soberanía como motor del cambio
El argumento principal del Gobierno federal es claro: México necesita dejar de ser un importador masivo de gas natural, especialmente de Estados Unidos. Durante la “Mañanera del Pueblo” del pasado 8 de abril, la mandataria planteó el dilema con honestidad: “¿Por qué sí? Porque nos da soberanía. ¿Por qué no? Porque tiene impactos ambientales”.
Para resolver esta incógnita, el Gobierno ha enviado misiones de observación a Texas, Canadá y California. La apuesta es que, en 2026, el fracking ya no sea el mismo de hace dos décadas. Se habla de:
- Sustancias orgánicas: Reemplazar químicos corrosivos por elementos con menor impacto.
- Reciclaje de agua: Utilizar aguas no potables de minas de carbón o agua salada para no comprometer el consumo humano.
- Inyección de CO2: Tecnologías similares a las usadas en Argentina que buscan un desarrollo más “limpio”.
El fantasma de la traición ambiental
No todos comparten el optimismo oficial. La Alianza Mexicana contra el Fracking ha calificado estas intenciones como una “simulación”. Recuerdan que el expresidente López Obrador fue tajante en 2019 al afirmar que, aunque el fracking daba gas rápido, el costo era la destrucción del agua. “Si usas fracking, tienes gas así (truena los dedos). Sí, pero no tendríamos agua”, decía entonces el mandatario.
El sector empresarial, por otro lado, ve una oportunidad de oro. En estados como Tamaulipas, se estima que la inversión necesaria para activar estos yacimientos shale podría alcanzar los 308,000 millones de dólares, una cifra que triplica el presupuesto actual de exploración de Pemex y que requeriría, forzosamente, la apertura a capitales privados.
15 de abril: La voz de la ciencia
La presidenta Sheinbaum ha decidido no tomar esta decisión sola. El próximo miércoles presentará a un comité científico integrado por especialistas de la UNAM y el IPN. Ellos tendrán la última palabra sobre si realmente existen métodos para extraer el gas “atrapado en las piedras” sin contaminar los acuíferos ni dañar el tejido social de las comunidades.
La pregunta que queda en el aire es si el concepto de “fracking sostenible” es una realidad técnica o simplemente un eufemismo político para justificar una necesidad económica apremiante. México está a punto de decidir si su futuro energético sigue enterrado en los combustibles fósiles o si el costo ambiental es, finalmente, demasiado alto para pagarlo.
¿Crees que es posible lograr una soberanía energética realmente “verde” manteniendo la apuesta por el gas natural, o deberíamos volcar todos esos recursos exclusivamente a las energías renovables?
