El expresidente colombiano fue hallado penalmente responsable por soborno y fraude procesal. La jueza ordenó prisión domiciliaria bajo estrictas condiciones y una multa millonaria.
Bogotá, 1 de agosto de 2025. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyó este jueves la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le impusieron 12 años de prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con soborno y fraude procesal.
Durante la audiencia, la jueza declaró: “Se condena a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 7041053 de Medellín, a la pena principal de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, equivalente a doce (12) años, por los delitos de soborno y fraude procesal en concurso heterogéneo.”
Además de la pena privativa de libertad, Uribe deberá pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y enfrentará una inhabilitación de 100 meses y 20 días para ejercer funciones públicas. El fallo lo declara penalmente responsable como determinador de los delitos imputados.
Heredia enfatizó: “La responsabilidad penal del señor Uribe no solo es clara, sino agravada por la forma sistemática y planificada en que se intentó manipular la justicia, atentando contra la credibilidad del sistema judicial colombiano.”
El fallo también otorgó al exmandatario el beneficio de prisión domiciliaria, bajo lo establecido en el artículo 38B de la Ley 599 de 2000. Esta medida exige el cumplimiento de estrictas obligaciones, entre ellas una caución judicial equivalente a cuatro salarios mínimos legales y la firma de una diligencia de compromiso ante el centro de servicios judiciales.
Debido a que Uribe reside en Rionegro, Antioquia, se comisionó al centro judicial de esa localidad para gestionar la ejecución de la pena. Allí deberá consignar la caución, firmar el compromiso y recibir la boleta de encarcelación. La autoridad carcelaria será la encargada de supervisar su traslado y cumplimiento de la medida en su domicilio.
Finalmente, la jueza concluyó: “Nadie está por encima de la ley. Esta sentencia es un mensaje de respeto a las instituciones y al debido proceso. La justicia ha hablado, y su palabra debe ser acatada.”
Este histórico fallo marca un antes y un después en la política y la justicia de Colombia.
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