Establece criterios que protegen opiniones y juicios de valor sobre temas de interés pvúblico; exige a demandantes probar falsedad y mala fe para alegar daño moral
Agencias. La Suprema Corte marcó un precedente histórico al emitir tres criterios jurídicos que blindan a periodistas frente a demandas por daño moral, reforzando la protección constitucional de opiniones, columnas y juicios de valor que aborden asuntos de interés público, siempre que se ejerzan con responsabilidad y sustento suficiente.
Estos lineamientos surgen de un caso que enfrentó a un exgobernador y un periodista, y desde hoy son de aplicación obligatoria para jueces en todo el país. La Corte puntualiza que las opiniones puras, al no ser verificables como los hechos, merecen respaldo pleno si se centran en temas de relevancia social.
Uno de los criterios establece que, si una opinión se apoya en hechos, debe existir verificación y diligencia suficiente para considerarse protegida. Si los hechos ya son públicos o verificables, la defensa es automática; si se revelan por primera vez, el periodista debe demostrar investigación y contexto para el lector.
La Corte también ratificó el estándar de “real malicia”, que obliga a quien demanda a probar no solo la falsedad de la información, sino que el periodista actuó con mala fe o negligencia grave. Esto eleva el nivel de protección para comunicadores y fortalece el debate público libre de censura.
En un tercer criterio, el Máximo Tribunal aclaró que, en la Ciudad de México, los casos por presunto abuso de la libertad de expresión deben juzgarse con una ley especial en materia de vida privada, honor e imagen, dejando en segundo plano el Código Civil en este tipo de disputas.
Este nuevo marco jurídico responde a un clima donde periodistas y ciudadanos han enfrentado presiones, sanciones e incluso censura por sus opiniones. La Corte advierte que el ejercicio periodístico, por su naturaleza y función social, debe gozar del máximo nivel de protección para garantizar una democracia informada y crítica.
