Pedro Alvarado, titular del departamento, revela que la ley deja a Protección Civil municipal “amarrada de manos” para actuar contra camiones de valores y pipas de gas en mal estado; solo pueden “recomendar” mientras el Estado sanciona.
MONCLOVA, COAHUILA.— La seguridad en el tránsito de vehículos de alto riesgo en Monclova está en el limbo legal. Protección Civil municipal carece de las facultades para inspeccionar o multar a empresas que operan con camiones de valores o pipas de gas en condiciones mecánicas cuestionables, una situación que el propio director del área, Pedro Alvarado, ha reconocido.
La limitante salió a la luz tras el incendio matutino de un camión de valores en el bulevar Pape. Alvarado confirmó que el fuego se concentró en la cabina y el motor, lo que apunta a una posible falla mecánica. Afortunadamente, no hubo heridos entre los tres tripulantes ni daños a la carga.
La Ley Estatal: Un Freno a la Acción Local
Pese a que el director reconoce que es común observar camiones de valores y transportes de hidrocarburos “en pésimas condiciones” circulando por la ciudad, la ley es clara: la competencia para la revisión y sanción pertenece de forma “totalmente del Estado”.
Alvarado fue directo al explicar la inmovilidad de su equipo:
“Es el mismo tema que con estas unidades que transportan los hidrocarburos; son competencia totalmente del Estado.”
Esto significa que, si bien la autoridad municipal puede identificar el riesgo, está “literalmente amarrada de manos” para tomar acción ejecutiva.
Recomendaciones sin Capacidad de Ejecución
El Director de PC Monclova explicó que su rol se reduce a hacer recomendaciones a los operadores. Para poder actuar, la dependencia municipal debe tramitar oficios a la subsecretaría de Protección Civil estatal con la esperanza de que ellos tomen cartas en el asunto o, en el mejor de los casos, emitan un documento que los faculte para realizar las inspecciones y aplicar sanciones directamente.
“¿Qué es lo que puede hacer la autoridad municipal? Pues dar las recomendaciones, ¿verdad? ¿Quién es el que los haría ejecutarlos? Pues el estado,” finalizó Alvarado, poniendo en evidencia la necesidad de un mecanismo más ágil que permita a la ciudad garantizar la seguridad de sus vialidades ante el riesgo que representan estos vehículos.
