El Último Acto de AHMSA se Congela: Jueza Cuestiona su Propio Poder y Pide Auxilio al IFECOM
Ciudad de México, 28 de octubre de 2025.
La liquidación de Altos Hornos de México (AHMSA) ha entrado en una fase de paralización legal que afecta directamente el pulso económico de Coahuila. Justo cuando se esperaba la aprobación para vender los activos y cerrar el telón del concurso mercantil, una “encrucijada” judicial ha detenido el proceso.
El corazón de la controversia es la propuesta de enajenación de bienes presentada por el síndico. La jueza, actuando como la “rectora” del procedimiento, ha decidido no avanzar hasta que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) le aclare hasta dónde llega realmente su autoridad para intervenir en la venta.
La Batalla por la Tutela Judicial
El debate gira en torno a la interpretación del Artículo 205 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM). La juzgadora se enfrenta a un dilema fundamental sobre su rol:
- Opción 1: El Límite Formal. ¿Debe la jueza simplemente autorizar la venta con una revisión superficial, garantizando solo que se cumpla con los requisitos formales de la ley? Esto daría gran libertad al síndico y a los acreedores.
- Opción 2: La Revisión de Fondo. ¿O su función le permite ir más allá, realizar una inspección profunda e incluso modificar la propuesta de venta para proteger el interés público y evitar violaciones a la legalidad, aunque las partes no se hayan opuesto?
Esta decisión es crucial. Una interpretación estricta (Opción 1) aceleraría el proceso a costa de una menor supervisión judicial. Una interpretación amplia (Opción 2) priorizaría la legalidad y la tutela judicial, pero a costa de una mayor lentitud, garantizando que el “último acto” de AHMSA sea irreprochable.
Ocho Días de Espera
Para los trabajadores y la comunidad, la noticia se traduce en una prolongación de la incertidumbre. La venta de los activos es la clave para cualquier posible liquidación o reestructuración parcial, y hasta que no se resuelva esta “pregunta existencial” del poder judicial, todo queda en suspenso.
El IFECOM, la entidad técnica especializada, ha sido requerido para emitir una opinión consultiva en un plazo máximo de ocho días. De esta interpretación dependerá si la jueza ejerce un control estricto sobre el destino final de la acerera o si se limita a ser un notario de la voluntad del síndico.
En la espera de esta resolución técnica, no solo está en juego el destino legal de una empresa, sino el equilibrio de poderes en los concursos mercantiles mexicanos y, más importante, la esperanza de una solución definitiva para el legado de Altos Hornos.
