Pese a la urgencia del juzgado, las instituciones financieras se toman su tiempo para autorizar que sus garantías entren en la subasta de la unidad productiva.
CIUDAD DE MÉXICO – En el complejo tablero del concurso mercantil 19/2023, la pieza clave para avanzar hacia una solución definitiva sigue sin moverse. El síndico del caso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ha tenido que reconocer ante la justicia federal que no cuenta todavía con el “visto bueno” de los acreedores garantizados y fiduciarios, un documento indispensable para proceder con la venta de la compañía como una unidad de negocio viva.
El freno de la “evaluación interna”
El conflicto no es de voluntad, sino de tiempos. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles había dado un plazo de apenas 24 horas para presentar las cartas de conformidad. Sin embargo, la respuesta del síndico fue clara: los bancos y los responsables de los fideicomisos de garantía están sumergidos en sus propios procesos de “evaluación interna”.
Para estas instituciones, dar el aval no es un simple trámite; implica analizar el impacto legal y financiero de permitir que los bienes que garantizan sus préstamos sean subastados bajo un esquema de unidad productiva.
La decisión de la Jueza: Flexibilidad para salvar la masa
Ante la imposibilidad de cumplir con el plazo, la Jueza Ruth Haggi Huerta García ha decidido no castigar el retraso y, en cambio, priorizar el éxito de la operación. En una resolución que apela al sentido común y a la protección de la economía, el juzgado determinó que las manifestaciones de conformidad podrán ser entregadas incluso el mismo día en que se celebre la audiencia de subasta.
“Esta Judicatura debe privilegiar la enajenación de los bienes como unidad productiva por ser una cuestión de orden público”, señaló la Jueza, dejando claro que el objetivo es evitar que la empresa se desmantele y pierda su valor de mercado.
Los puntos clave del acuerdo judicial:
- Aceptación de la demora: Se deja sin efecto cualquier sanción contra el síndico tras explicar que el retraso depende exclusivamente de la burocracia bancaria.
- Condición ineludible: Aunque el plazo se extendió, el “visto bueno” de los acreedores sigue siendo obligatorio para que la venta sea legalmente válida.
- Máximo beneficio: El tribunal busca que, al venderse todo junto (y no por piezas), se obtenga la mayor cantidad de recursos para pagar las deudas.
Por ahora, el proceso entra en una tensa espera. El sistema judicial ha hecho su parte al flexibilizar los tiempos; ahora, la última palabra la tienen las firmas de los acreedores, cuyo consentimiento es el único candado que falta por abrir para definir el futuro de la empresa.
