La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha emitido nuevas reglas para vigilar el transporte de gasolina, diésel, gas LP y petroquímicos por carretera. Ahora, todas las unidades deberán portar una marca visible, un código QR único y un sistema GPS activo, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Con estas medidas, se busca frenar el robo de combustibles y asegurar que cada litro esté plenamente identificado desde que sale del punto de carga hasta que llega a su destino. Esta trazabilidad ayudará a vigilar mejor el movimiento de los combustibles y a detectar irregularidades en tiempo real.
La marca se colocará como una calcomanía reflejante que llevará impreso un código QR intransferible. Este será generado únicamente por la CNE y permitirá validar datos clave, como la identidad del operador, la legalidad del producto y el permiso del transportista.
Parte de esta información será accesible para la ciudadanía, como una forma de transparencia y vigilancia colaborativa. En paralelo, las autoridades contarán con acceso total a través del sistema SIRACP, una plataforma digital creada por la Comisión para este fin.
El GPS no será opcional. Todas las unidades tendrán que instalar un sistema activo y certificado que transmita datos en tiempo real y guarde registros por al menos un año. Cualquier alteración o desconexión del sistema será motivo de sanciones graves.
Las empresas que ya tienen permisos recibirán notificación oficial en un plazo de 15 días hábiles. Después de eso, contarán con 20 días más para cumplir. Las nuevas unidades no podrán iniciar operaciones sin estas condiciones de seguridad.
Además del control digital, la Comisión activará canales de denuncia ciudadana y auditorías automatizadas dentro del SIRACP. La intención es cerrar cualquier hueco que pueda permitir el transporte ilegal de hidrocarburos o la manipulación de registros.
Con estas acciones, la CNE busca alinearse con estándares internacionales de trazabilidad logística. La idea central es evitar que cualquier litro de combustible se mueva por el país sin estar correctamente identificado y supervisado.
Este sistema de vigilancia se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad energética. También facilitará la colaboración con autoridades de seguridad pública para castigar delitos relacionados con el robo y la distribución ilegal de combustibles.
