Mientras autoridades niegan pruebas, familias reclaman omisión directiva
Con gritos de inconformidad y pancartas improvisadas, un grupo de madres y padres de familia de la primaria Margarita Maza de Juárez, en Frontera, se manifestó para exigir medidas urgentes contra el bullying. Aseguran que un niño de segundo grado fue golpeado por varios compañeros de grados superiores.
La protesta surgió tras la denuncia de Antonio Contreras, padre del menor afectado, quien relató que su hijo Dominic “N” sufrió agresiones físicas dentro del plantel. Acompañado de otras madres inconformes, afirmó que no se trata de un caso aislado, sino de un problema recurrente que no recibe solución.
Los padres acusaron al director Felipe “N” de omisión, al no establecer protocolos de seguridad ni convocar reuniones para atender la violencia entre estudiantes. “No queremos que esto quede en el aire. Vamos a llegar hasta Pronnif si es necesario, porque aquí no protegen a los niños”, señalaron.
Mientras tanto, Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro, descartó tener pruebas de la supuesta agresión. Explicó que la investigación interna realizada no identificó agresores y que hasta ahora todo se sostiene en la palabra del niño, sin testigos ni evidencias físicas que respalden el hecho.
El funcionario detalló que los protocolos educativos fueron activados y que el caso se encuentra asentado en una bitácora oficial. “La prioridad es identificar si existe realmente bullying o si se trató de un juego. Para eso canalizaremos al menor con especialistas y con Pronnif”, comentó.
La respuesta oficial no convenció a los inconformes, quienes insisten en que hay omisión y falta de transparencia. “¿Cómo es posible que digan que no pasó nada, si mi hijo volvió llorando y con golpes?”, cuestionó una madre entre lágrimas, asegurando que otros niños también han sido víctimas.
El ambiente afuera de la escuela fue de enojo y desconfianza hacia la autoridad. Padres denunciaron que las quejas en redes sociales son minimizadas y que sus reclamos son vistos como ataques injustificados. “Lo único que queremos es seguridad. No pedimos privilegios, pedimos respeto y protección”, dijo otra madre.
El caso ahora deberá seguir un camino institucional. Según la autoridad educativa, Pronnif será quien determine, a través de especialistas, si se trató de bullying o de un conflicto menor. Mientras tanto, el reclamo de los padres continúa: que no se repita la violencia en las aulas de Frontera.
