El coordinador de la Sección 5 en la Región Centro, Arturo Almaguer, advirtió que no se permitirá violencia contra ningún trabajador de la educación, enfatizando además que se debe también trabajar en seguridad del alumnado.
Ante los recientes casos de violencia en planteles educativos, donde se han registrado agresiones de alumnos hacia maestros y denuncias contra directivos, el coordinador regional de la Sección 5, Arturo Almaguer, hizo un llamado urgente a actualizar los protocolos de actuación, que consideró obsoletos frente a la realidad que hoy enfrentan las escuelas.
Almaguer subrayó que la seguridad debe garantizarse para todos los trabajadores de la educación, desde intendentes y administrativos hasta docentes y directivos. Recalcó que no se permitirá ningún tipo de agresión, ya sea física o verbal, sin importar de qué parte provenga. En caso de presentarse una situación, señaló que se acudirá de inmediato a las instancias jurídicas correspondientes.
El dirigente magisterial reconoció que los protocolos actuales se han quedado cortos y que se requiere un cambio de fondo. Explicó que, aunque el diálogo y el consenso deben ser las primeras vías de solución, cuando existan ataques se deben aplicar sanciones claras que no dejen impunes los hechos, aun tratándose de menores de edad.
Agregó que las nuevas reglas deben incluir también la protección hacia los alumnos, pues no se debe minimizar ningún señalamiento que hagan los estudiantes hacia docentes. Recalcó que la integridad de los menores es igual de importante y que los protocolos deben ser equilibrados para resguardar a todas las partes dentro de la comunidad escolar.
Recordó que la educación en valores comienza en el hogar y no debe recaer únicamente en la escuela. Sin embargo, insistió en que las autoridades no pueden postergar más decisiones, pues se corre el riesgo de que las agresiones escalen hasta tragedias mayores. “No podemos esperar a perder una vida para actuar”, advirtió.
Finalmente, informó que ya se formó una comisión impulsada por la Sección 5 ante el Congreso local para promover las modificaciones legales necesarias. El objetivo, recalcó, no es criminalizar a los estudiantes, sino proteger tanto a los menores como a los trabajadores de la educación, garantizando un ambiente de respeto y seguridad en cada plantel.
