La detención del exalcalde Diego Rivera Navarro abre la puerta a procesos contra políticos antes intocables.
La caída de Diego Rivera Navarro no fue sorpresiva para quienes seguían lo que ocurría en Tequila. Antes de su detención, ya había señales claras de riesgo: desde permitir conciertos con mensajes criminales hasta denuncias de extorsión. Aun así, el exalcalde confió en una protección que terminó por romperse.
Rivera Navarro llegó al poder en 2024 bajo las siglas de Morena y con apoyos políticos de peso. En ese entorno, se movía entre intereses partidistas y criminales, ignorando alertas crecientes. La presión aumentó cuando Estados Unidos canceló visas y autoridades estatales comenzaron a investigar su entorno.
La denuncia de una empresa tequilera fue el detonante final. Las autoridades federales intervinieron y la operación fue encabezada desde el área de seguridad nacional. El mensaje fue claro: el nuevo gobierno decidió actuar, incluso contra figuras con respaldo político previo.
El caso de Tequila puede marcar un antes y un después. Por primera vez, se procesa a un político local ligado a Morena por vínculos criminales. La señal apunta tanto al interior del país como al exterior: la impunidad ya no es una garantía, ni siquiera en zonas dominadas por el crimen.
