Empresarios y ciudadanos proponen apoyos fiscales a productores y vigilancia estrecha de la Profeco para evitar que el aumento en combustibles siga encareciendo la canasta básica.
En las mesas de las familias mexicanas, la tortilla no es un lujo, es el sustento básico. Sin embargo, en los últimos días, ese soporte alimenticio ha comenzado a pesar más en el bolsillo que en el plato. Tras el reciente incremento de dos pesos en el kilo de tortilla, la preocupación ha escalado: no se trata solo de números, sino de la dificultad creciente para que los sectores más vulnerables completen su despensa diaria.
El problema tiene una raíz profunda en la cadena de costos. El aumento de casi un 8% en hidrocarburos y diésel ha generado un “efecto dominó” que no solo encarece las grandes obras de construcción o el transporte de carga, sino que termina golpeando la producción del maíz, la electricidad y el combustible necesario para las tortillerías de barrio.
Un escudo para el consumidor: La propuesta de subsidios
Para detener esta escalada, surge una propuesta cargada de sentido social: que el gobierno federal intervenga de manera directa. La sugerencia no es simplemente controlar el precio por decreto, sino otorgar subsidios o beneficios fiscales específicos a los industriales de la masa y la tortilla.
La lógica es humana y sencilla: si el productor recibe un respaldo oficial para absorber el costo de sus insumos, el precio en el mostrador puede mantenerse estable. “Proteger la tortilla es proteger la estabilidad de la casa”, coinciden voces del sector empresarial que ven en el subsidio un respiro necesario para las familias que hoy cuentan cada moneda para llegar al fin de quincena.
El reclamo por vigilancia: No más abusos
Pero el apoyo económico no basta si no viene acompañado de orden. Existe una queja latente sobre la falta de control en algunos establecimientos que, aprovechando la coyuntura, incrementan los costos de manera arbitraria y desproporcionada.
“A veces el combustible sube un poco y el precio del producto sube el doble. Necesitamos que alguien cuide al ciudadano”, señalan los afectados.
Por ello, el llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es hoy más fuerte que nunca. La ausencia de una oficina de representación activa en la región deja a los consumidores en un estado de desprotección total. Se exige una presencia permanente que vigile los precios y sancione a quienes, en medio de la crisis, deciden lucrar con la necesidad ajena.
Prioridad absoluta: La canasta básica
La conclusión es clara: en un contexto de inflación global, el estado debe priorizar lo esencial. Garantizar que la tortilla —ese símbolo de identidad y nutrición en México— siga siendo accesible es una cuestión de justicia social.
Mientras los costos operativos sigan subiendo, la comunidad de Monclova y de todo el país espera que las autoridades pasen de la observación a la acción, implementando mecanismos que aseguren que el alimento más sagrado de nuestra dieta no se convierta en un privilegio inalcanzable.
