La fiscalización abarcará a altos mandos del árbitro electoral y firmas privadas, respaldada por un contundente llamado de la Presidencia de la República.
Una investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación puso bajo la lupa los contratos del Instituto Nacional Electoral. El órgano fiscalizador confirmó indicios claros sobre “triangulación de fondos, conflictos de interés y pactos indebidos” entre servidores públicos del organismo y proveedores privados beneficiados.
La renuncia de Jesús Octavio García González como director de Administración destapó el entramado institucional. El exdirectivo otorgó un contrato de casi 200 millones de pesos a la empresa Corporativo Zeg, firma de la cual era apoderado legal justo antes de asumir el cargo público dentro del instituto.
El expediente suma anomalías como la de Jonathan Navarrete, chofer con sueldo de 45 mil pesos mensuales que omitió declarar sus nexos con la proveedora. Asimismo, se investigan nóminas abultadas de hasta 70 mil pesos para personal dedicado a labores logísticas y de servicio en la presidencia del INE.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum avaló la revisión exhaustiva a las finanzas del órgano electoral. La mandataria subrayó que “no se permitirá impunidad ni sombras de corrupción” en la gestión pública, instando a defender la democracia sin solapar complicidades ni favoritismos a grupos de interés.
Frente a las acusaciones, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó la existencia de empresas predilectas en las licitaciones. Aunque la funcionaria aceptó la intervención de la auditoría para revisar las adjudicaciones, eludió responder a los sealamientos sobre sus vínculos directos con corporativos beneficiados durante su gestión.
