Buscan impedir que padres morosos oculten bienes mediante reformas a la Ley del Notariado y registros civiles. La tribuna del Congreso de Coahuila se convirtió en el escenario de un cambio radical para la justicia familiar. Los diputados locales presentaron una iniciativa que busca asfixiar financieramente a quienes incumplen con la pensión alimenticia, dejando claro que el bienestar de la niñez está por encima de cualquier interés particular.
Una de las medidas más severas aprobadas este 18 de marzo implica a los notarios públicos del estado. A partir de ahora, cualquier persona que desee realizar la compra o venta de un inmueble deberá presentar obligatoriamente su certificado de no inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos vigentes.
Esta reforma a la Ley del Notariado pretende frenar una práctica común: la simulación de actos jurídicos. Muchos deudores suelen heredar o vender sus propiedades a terceros para declararse insolventes ante los jueces familiares. Con este nuevo candado legal, el patrimonio quedará bloqueado hasta que se liquide el adeudo.
Además de las restricciones inmobiliarias, el certificado de “No Deudor” se consolida como un documento indispensable para trámites administrativos. Desde la obtención de licencias de conducir hasta el acceso a cargos en el servicio público, la vida civil de los morosos se verá limitada si no cumplen su responsabilidad.
El mensaje enviado desde el Palacio Legislativo es contundente y busca una armonización total con las leyes federales. Coahuila se posiciona así como un referente nacional en la protección de los derechos de los menores, utilizando la tecnología y la burocracia como herramientas de presión social y económica.
