Desplazados de la Montaña Baja exigen justicia tras la muerte de 76 personas y el asedio constante a sus hogares.
La desesperación ha alcanzado un nuevo límite en la Montaña Baja de Guerrero. Habitantes de comunidades indígenas, representados por Jesús Plácido Galindo del CIPOG-EZ, han alzado la voz para denunciar una realidad que parece sacada de una película de guerra: desde el pasado 7 de mayo, localidades como Tula y Alcozacán han sido blanco de ataques coordinados con drones y armamento de alto calibre.
El señalado de esta violencia es el grupo criminal Los Ardillos, a quienes se les atribuye una estela de dolor que ya suma 76 personas asesinadas y al menos 25 desaparecidos en la región. Según los testimonios, el uso de tecnología para lanzar explosivos desde el aire ha obligado a decenas de familias a huir de sus viviendas para refugiarse en los cerros, donde sobreviven sin alimentos y bajo el miedo constante de ser alcanzados por las balas.
Una ayuda que no basta
Aunque elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han arribado a la comunidad de Alcozacán para establecer un diálogo y ofrecer ayuda humanitaria, para los pobladores esto no es suficiente. El reclamo es claro: mientras los líderes del grupo criminal sigan libres, la paz será un concepto inexistente.
“La presencia militar ayuda, pero si no hay detenciones, el desplazamiento no se va a detener”, advierten los dirigentes comunitarios.
La situación en Chilapa y municipios aledaños es crítica. Las familias indígenas exigen al Gobierno Federal y estatal una intervención real que desarticule a quienes hoy controlan su territorio con drones y terror, permitiendo así un retorno seguro a la tierra que los vio nacer.
