Incumplimiento de José Arturo Domínguez al no exhibir la garantía de seriedad derivó en que la jueza diera vista a la Fiscalía General de la República; el depósito de cinco mil pesos no acreditó el cumplimiento del requisito.
La jueza Ruth Haggi Huerta García abrió una nueva ruta para intentar concretar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), al autorizar que algunos acreedores garantizados comiencen negociaciones para formalizar un consorcio que permita adquirir las empresas como unidad productiva. Para alcanzar ese objetivo, concedió un plazo máximo de 90 días naturales y estableció un calendario para informar los avances.
La determinación quedó asentada en el acuerdo judicial del 14 de octubre de 2026, correspondiente a los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA. La resolución llega después de que el postor José Arturo Domínguez, quien había manifestado su intención de participar en la adquisición, no cumpliera con la exhibición de la garantía de seriedad requerida durante el procedimiento de subasta.
De acuerdo con el documento, durante la audiencia del pasado 25 de septiembre, el postor únicamente depositó cinco mil pesos. Esa cantidad corresponde al dinero efectivamente entregado y no al monto de una oferta de compra por las empresas. La jueza concluyó que no se exhibió la garantía de seriedad, por lo que el interesado no cumplió con el requisito necesario para respaldar formalmente su participación.
El juzgado calificó la conducta como una falta de formalidad y un desdén hacia la voluntad expresada por el propio postor durante la audiencia. La resolución considera que este comportamiento perjudica los principios de buena fe que deben regir los concursos mercantiles, especialmente en un procedimiento que busca recuperar el valor de los activos de dos empresas cuya quiebra mantiene en incertidumbre a trabajadores y acreedores.
Por estos hechos, la jueza ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para que determine si la conducta pudiera constituir el delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal, o si existe alguna otra posible infracción que deba investigarse dentro de sus facultades. La medida no significa que el postor haya sido declarado culpable, sino que corresponderá a la autoridad ministerial analizar los hechos.
En paralelo, el acuerdo judicial abre la puerta para que los acreedores garantizados negocien la integración de un consorcio con el propósito de concretar la venta de AHMSA y MINOSA como unidad productiva. Entre los actores vinculados con las negociaciones se encuentran Cargill y Afirme, aunque el documento judicial habla de una propuesta presentada por algunos acreedores garantizados y autoriza el inicio de las conversaciones, no de un consorcio ya constituido.
Los 90 días naturales representan ahora un periodo decisivo para que las partes involucradas definan los términos de la posible operación, avancen en la formalización del consorcio e informen al juzgado sobre sus resultados. La autoridad judicial señaló que las negociaciones deberán desarrollarse bajo los principios de trascendencia, publicidad y buena fe, aunque permitirá reservar aquella información que, a juicio de los participantes, pudiera comprometer el éxito del objetivo.
La resolución también establece que el procedimiento de venta como unidad productiva, previamente aprobado, continúa vigente. Por tanto, el incumplimiento del postor no cancela la búsqueda de una salida para los activos de AHMSA y MINOSA. El nuevo escenario dependerá de que los acreedores logren construir una propuesta viable dentro del plazo concedido y de que las negociaciones se traduzcan en una alternativa concreta de adquisición.
Mientras se define el futuro de las empresas, la jueza reiteró que los trabajadores conservan la prioridad de pago en los términos autorizados en el proveído del 7 de septiembre de 2026. Esta disposición mantiene vigente el reconocimiento de su prelación dentro del concurso mercantil, aunque la recuperación efectiva de los adeudos dependerá del desarrollo del proceso y de los recursos que finalmente puedan obtenerse con la venta de los activos.
Así, mientras José Arturo Domínguez enfrenta la revisión de su actuación por parte de la FGR, Cargill, Afirme y los demás acreedores que participen en las conversaciones tienen por delante un plazo de 90 días para avanzar en la alternativa de venta. Para los trabajadores y la región Centro de Coahuila, la expectativa sigue siendo que el procedimiento deje de acumular obstáculos y permita encaminar una solución para una de las crisis industriales más graves de la entidad.
