Juan Jesús “N” fue vinculado a proceso por feminicidio; la defensa denuncia falta de pruebas técnicas y errores en la cronología de la Fiscalía.
El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven de 21 años que desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo, ha tomado un rumbo definitivo en los juzgados. Este miércoles, tras una audiencia de cuatro horas en la colonia Doctores, un juez vinculó a proceso a Juan Jesús “N”, el vigilante del edificio donde fue hallado el cuerpo, dictándole prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Sin embargo, lo que parecía un proceso cerrado ha comenzado a llenarse de interrogantes. Mientras la Fiscalía capitalina asegura tener las pruebas necesarias, la defensa y la familia del guardia sostienen que se está fabricando un “chivo expiatorio” para cubrir negligencias previas de las autoridades.
Las contradicciones que marcan el proceso
El debate legal se centra en tres puntos críticos que ponen en duda la versión oficial:
- El “hackeo” de las cámaras: La Fiscalía acusa al vigilante de borrar videos de seguridad para ocultar el crimen. Su abogado, Julián González, reviró que su cliente apenas tiene estudios de secundaria y no posee los conocimientos técnicos para manipular un sistema de videovigilancia.
- El error en el reloj: Es el punto más débil de la acusación. La Fiscalía dice que las cámaras fueron apagadas entre las 16:23 y las 17:44 horas, tiempo en el que habría ocurrido el ataque. No obstante, existe un video de una cámara privada que muestra a Edith entrando al edificio a las 17:58 horas, es decir, después del tiempo en que supuestamente ya había sido agredida.
- Sin vínculo previo: Hasta ahora, no se han encontrado llamadas ni mensajes que demuestren que Juan Jesús citó a la joven para la entrevista.
Un sistema bajo sospecha
Fuera de los juzgados, el ambiente fue de absoluta tensión. La familia del vigilante, que bloqueó calles aledañas, asegura haber recibido amenazas y anunció una marcha para el próximo sábado.
Cabe destacar que este caso ya le costó el puesto a tres funcionarios (un MP y dos policías), quienes fueron removidos tras perder 15 horas vitales para la búsqueda de Edith y, peor aún, por presuntamente haberle pedido dinero a la familia de la víctima para “agilizar” el caso.
Con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el destino de Juan Jesús pende de un hilo, mientras la familia de Edith Guadalupe sigue esperando una justicia que sea tan clara como la verdad.
