Autoridades alistan la audiencia de imputación contra Carlos y David “N”, señalados por el homicidio de la subdirectora y lesiones a cuatro personas en La Unión.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila definirá en las próximas horas la condición jurídica de Carlos y David “N”, jóvenes de 18 años de edad retenidos tras el atentado registrado en la Escuela Secundaria General Número 13. Ambos permanecen bajo arresto en instalaciones ministeriales mientras se terminan de integrar las actas procedimentales correspondientes para ser turnados de inmediato ante la autoridad judicial competente del fuero común.
Los hechos se registraron en la comunidad rural de La Unión, donde los dos implicados ingresaron portando navajas y artefactos explosivos de fabricación casera. Durante la agresión perdió la vida la subdirectora del plantel, Nery Edith Nevárez González, y cuatro personas más sufrieron heridas de consideración. Los vecinos de la zona intervinieron en el lugar, sometieron a los agresores y los entregaron a las patrullas policiales.
El titular de la corporación estatal, Federico Fernández Montañez, informó que la carpeta de investigación incluye las agravantes de premeditación, ventaja y alevosía. Las leyes vigentes en la entidad establecen penalidades de más de medio siglo de cárcel para cada uno por este tipo de delitos penales. Las autoridades mantendrán el expediente abierto para deslindar cualquier responsabilidad de forma clara y precisa conforme a la ley.
Las indagatorias señalan que los acusados eligieron esa secundaria por estar ubicada a corta distancia de su casa y por conocer sus accesos. Asimismo, agentes especializados analizan el historial de publicaciones en perfiles digitales para determinar si los sospechosos imitaban conductas violentas vistas en internet o si existió coordinación previa con otros participantes antes del ataque al inmueble escolar.
En el transcurso de la jornada, los señalados comparecerán ante el juez de control para escuchar la imputación de los delitos presentados en su contra. La representación social pedirá la medida de prisión preventiva en el centro penitenciario mientras transcurre el término legal para dictar el auto de vinculación o no a proceso penal por este hecho.
