La reciente ley aprobada en el Senado permite invertir hasta el 30% del retiro en infraestructura; en las calles, el sentimiento es de desconfianza y preocupación.
Para millones de mexicanos, el saldo que aparece en su estado de cuenta de la Afore no es solo un número: es la promesa de una vejez digna tras décadas de esfuerzo. Por ello, la reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ha caído como un balde de agua fría entre la clase trabajadora.
La normativa, que ya pasó por el Senado, autoriza que hasta el 30% de los fondos de retiro se inviertan en proyectos de obra pública bajo esquemas mixtos (gobierno e iniciativa privada). Sin embargo, en un sondeo realizado en Pachuca, la respuesta fue unánime: nadie quiere que se disponga de su patrimonio sin su permiso.
La voz de la incertidumbre: “No queremos imposiciones”
A las afueras de una administradora de fondos, el ambiente es de duda. Los trabajadores coinciden en que el dinero de sus pensiones es propiedad privada y que cualquier movimiento debería pasar por su aprobación explícita, no por un decreto legislativo.
- Sin garantías claras: Monserrat Guevara, con ocho años de cotización, resume el sentir de muchos: “Si de por sí el dinero en la Afore no garantiza rendimientos porque sube y baja, que ahora tomen una parte no es viable. Si lo van a hacer, que sea un plus, que nos informen con claridad y que haya cláusulas para no perder el dinero. Pero impuesto, jamás”.
- El miedo al futuro: Para Raymundo Vázquez, la medida es un juego peligroso con la estabilidad de las familias. “Trabajamos para mantenernos en la vejez, no para que estén jugando con nuestro dinero en obras que no sabemos si funcionarán”, afirmó tajante.
¿En qué consiste el cambio legal?
La nueva ley busca inyectar capital a grandes proyectos de infraestructura en el país, utilizando la liquidez de las Afores para financiar puentes, carreteras o refinerías. Aunque el argumento oficial es que esto generará rendimientos a largo plazo, los trabajadores ven con desconfianza la rentabilidad de estas obras.
Los puntos clave que generan rechazo:
- Falta de consulta: La ley se aprobó sin un mecanismo de consentimiento individual.
- Riesgo país: Invertir en infraestructura pública suele ser una apuesta de largo aliento que, en contextos de crisis, podría comprometer el capital de los ahorradores.
- Memoria histórica: Muchos recuerdan proyectos del pasado que no dieron los frutos esperados, dejando un rastro de desconfianza hacia los manejos financieros del gobierno.
El sentir general: Roberto Hernández, un veterano con 20 años cotizando, calificó la situación como “preocupante”. Para él y para muchos, la Afore es el último refugio financiero, y ver que el 30% podría terminar en concreto y varilla, sin su firma de por medio, se siente más como un riesgo que como una inversión.
La moneda está en el aire, pero el mensaje de la calle es claro: el ahorro para el retiro es sagrado y los trabajadores exigen ser tomados en cuenta antes de que su futuro sea cimentado en una obra pública.
