Julián Torres advierte a la jueza del caso que la falta de liquidaciones detonará un conflicto mayor tras las agresiones en la carretera 57
El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores AHMSA, encabezado por Julián Torres Ávalos, entregó un escrito formal a la jueza Ruth Haggi Huerta García con una exigencia clara: intervenir de inmediato para frenar una crisis social en la región. El documento responsabiliza directamente a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de evitar un estallido mayor, solicitando que fije ya la fecha y hora para la segunda subasta de la siderúrgica.
La organización civil argumentó que la resolución legal es la única vía para dispersar el dinero de los finiquitos que se les debe a más de 9 mil exobreros. Torres Ávalos expuso ante el tribunal el nivel de desesperación y vulnerabilidad económica en el que se encuentran las familias afectadas. Por ello, el texto presiona a la autoridad judicial para que actúe con urgencia y no prolongue un proceso que mantiene paralizada a la comunidad.
El escrito relata detalladamente los disturbios del pasado lunes 11 de mayo en Castaños, Coahuila, como una muestra de lo que podría repetirse si no hay respuestas. En esa jornada, cerca de 200 extrabajadores bloquearon ambos sentidos de la carretera federal 57 debido al agotamiento por la falta de pagos. La manifestación pacífica mutó en un escenario crítico cuando los obreros fueron desalojados por las fuerzas de seguridad pública.
De acuerdo con el reporte enviado a la jueza, la intervención de las policías municipal y estatal, respaldadas por la Guardia Nacional, se tornó violenta. El saldo de la trifulca incluyó a varios manifestantes con fracturas en las costillas y heridas en la cabeza. El líder de los exobreros utilizó estos hechos para fundamentar que la paciencia social se ha terminado y que la autoridad debe garantizar la paz mediante la vía legal.
Finalmente, el documento técnico enfatiza que los afectados cumplieron su ciclo laboral desde mayo de 2021, acumulando ya un lustro de promesas incumplidas. La defensa laboral concluyó que agilizar la venta de los activos de Altos Hornos de México es la única solución real para saldar las sentencias pendientes y evitar que la inconformidad derive en consecuencias trágicas para el estado.
