UNIFIN, Cargill y Komatsu denuncian irregularidades y errores financieros ante el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles
El conflicto legal que rodea a Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) escaló significativamente. Este 10 de agosto, el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles dejó constancia de las severas objeciones presentadas por acreedores clave contra el cálculo de la cuota concursal. Empresas como UNIFIN y Cargill denunciaron graves fallas metodológicas en el informe del Síndico.
UNIFIN encabezó una de las protestas más contundentes dentro del proceso judicial. La institución financiera denunció que el Síndico pretende vender activos de la “Línea de Normalizado” que son propiedad de UNIFIN para pagar la propia deuda de AHMSA. Los abogados calificaron este intento como un error jurídico inadmisible que confunde el patrimonio propio con la masa concursal.
Por su parte, la firma Cargill Financial Services International (CFSI) cuestionó la legalidad del modelo financiero propuesto. El acreedor argumentó que el Síndico sustituyó el procedimiento previsto por la ley por un esquema propio sin sustento normativo. Además, criticó el uso de respuestas genéricas tipo “machote” para desestimar observaciones técnicas que requieren un análisis individualizado y profundo.
La representación legal de Komatsu y Joy Global también detectó inconsistencias numéricas alarmantes en el informe oficial. Los acreedores señalaron un error aritmético inexplicable de más de 320 mil dólares en el cálculo correspondiente a MINOSA. Estas fallas, según las manifestaciones, vician la determinación de las cuotas y vulneran el derecho de acceso a una justicia pronta y completa.
Un punto crítico compartido es la creación de reservas excesivas por más de 176 millones de dólares. Los acreedores advirtieron que estos fondos para honorarios y gastos futuros están sobredimensionados, reduciendo el remanente a cero. Esto implica que los acreedores comunes no recibirían pago alguno, lo cual constituye una afectación patrimonial grave que exige un escrutinio judicial más riguroso.
Finalmente, los afectados exigieron que el Síndico entregue los archivos de cálculo en su formato digital original. Argumentaron que es indispensable verificar las fórmulas y decimales utilizados para llegar a las cifras de pago propuestas. Sin esta transparencia técnica, el proceso de venta de la unidad productiva carecería de la certeza jurídica necesaria para los inversionistas y participantes.
