Sheinbaum aseguró que, hasta ahora, no se ha encontrado a personal de Pemex involucrado directamente en el robo de combustible. La investigación por los 59 millones de litros asegurados continúa en manos de la FGR.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una posible participación de funcionarios de Petróleos Mexicanos en el decomiso de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito localizado en San José Iturbide, Guanajuato. La mandataria señaló que hasta ahora no se ha identificado a personal de Pemex involucrado directamente.
Sheinbaum explicó que la investigación continúa y que, si se encuentra evidencia contra algún trabajador o funcionario de Pemex, se presentará la denuncia correspondiente. Hasta el momento, dijo, las personas detenidas incluyen servidores públicos, agentes aduanales y trabajadores relacionados con empresas privadas.
Por su parte, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que su dependencia no tiene actualmente una investigación administrativa abierta específicamente por este caso. Aclaró que esto no significa que no existan denuncias, sino que la investigación corresponde principalmente al ámbito penal.
El caso comenzó a investigarse desde el 3 de julio, cuando autoridades detectaron en San Luis de la Paz, Guanajuato, a una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros en una estación de servicio. Ese hecho abrió una investigación más amplia.
Las indagatorias llevaron a las autoridades hasta tres predios en Guanajuato. Uno de ellos se encontraba dentro de un parque industrial ubicado en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, donde posteriormente se realizó un cateo el pasado 17 de septiembre.
Durante el operativo fueron localizados alrededor de 59 millones de litros de combustible, cuya procedencia es investigada por las autoridades. La cantidad equivale, de manera aproximada, a la capacidad de unos dos mil autotanques utilizados para transportar combustible.
En el lugar opera una terminal relacionada con Grupo SIMSA y Gas Natural del Noroeste. Las empresas han señalado que sus operaciones son legales y que cuentan con los permisos correspondientes para el almacenamiento de petrolíferos, por lo que la investigación tendrá que determinar el origen y situación legal del combustible asegurado.
Gas Natural del Noroeste indicó que la terminal opera bajo el permiso PL/19344/ALM/2016, con una vigencia de 30 años y modificaciones realizadas mediante distintas resoluciones regulatorias. La empresa ha sostenido que sus actividades en esa instalación se realizan conforme a los permisos otorgados.
La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mantiene abierta la investigación. Por ahora, las autoridades no han señalado públicamente que algún funcionario de Pemex esté involucrado directamente en el caso.
