La captura del exgobernador de Baja California expone los vínculos de su empresa aduanal con el contrabando de combustible hacia México.
La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo Appel este jueves en Ensenada, Baja California, cumpliendo una orden judicial por delincuencia organizada y contrabando de combustible. El arresto del exmandatario estatal es el resultado de una compleja investigación federal sobre el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
Las indagatorias vinculan directamente al exgobernador como accionista mayoritario de la empresa Ingemar. Esta comercializadora aduanal está relacionada con el decomiso de 15 millones de litros de combustible en 129 ferrotanques en Coahuila , además de aparecer en documentos incautados durante un cateo en una estación ferroviaria de Querétaro.
Según la FGR, dicha empresa operaba dentro de una red ligada a Raúl Rocha Cantú y Jacobo Reyes León, excomisario del Estado de México. El grupo extraía crudo de Pemex, lo refinaba en Estados Unidos y lo reingresaba con documentos falsificados mediante aduanas corruptas para venderlo al menudeo.
Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México y actual consejero del partido Somos México , había negado previamente los cargos en 2025. El político argumentó entonces que su compañía únicamente realizaba trámites logísticos de importación fronteriza y que mantenía la conciencia totalmente tranquila ante las investigaciones.
Tras el arresto, su hija Verónica Ruffo acudió a las oficinas federales y afirmó desconocer la situación jurídica actual de su padre. En el lugar, el exsenador Héctor Osuna calificó la detención como indigna y acusó al gobierno de usar el caso como una estrategia política de distracción.
