El senador de Morena aseguró que no quiere seguir alimentando la polémica política y mediática en torno a la gobernadora de Chihuahua.
El senador de Morena, Javier Corral Jurado, informó este martes que desistirá de la impugnación relacionada con la investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro. El exgobernador explicó que tomó esta decisión debido a la “distorsión informativa” que, aseguró, se ha generado alrededor del caso en los últimos meses.
A través de un comunicado, Corral señaló que no desea que el tema continúe siendo utilizado con fines políticos o mediáticos. También afirmó que el ejercicio de sus derechos ha sido tergiversado y dijo que no contribuirá a lo que calificó como una campaña de victimización impulsada por la mandataria estatal.
El legislador acusó a Maru Campos de manejar un “doble discurso” sobre el tema. Explicó que mientras en la Ciudad de México se presenta como víctima de persecución política, en Chihuahua utiliza la resolución judicial como una supuesta prueba de que no existen responsabilidades en su contra.
Corral sostuvo que la resolución relacionada con los hechos ocurridos el 14 de agosto ya quedó firme, aunque aclaró que, desde su punto de vista, el caso no termina ahí. Señaló que todavía existen otras conductas y posibles delitos que deben ser investigados por las autoridades federales.
El senador pidió a la Fiscalía General de la República dar seguimiento a las denuncias que ha presentado personalmente, así como a las impulsadas anteriormente por la fiscalía de la Ciudad de México. Aseguró que continuará insistiendo para que se revisen los hechos relacionados con el caso.
La impugnación presentada por Corral buscaba reabrir una carpeta de investigación que había sido cerrada. La denuncia estaba dirigida contra Maru Campos por presunto secuestro, luego de hechos relacionados con un intento de ejecutar una orden de aprehensión en su contra.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua respondió anteriormente que la acción legal formaba parte de una persecución política. También afirmó que las autoridades estatales intentaban cumplir una orden de aprehensión por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos públicos cuando ocurrió la intervención de funcionarios capitalinos.
