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¿Leyes de oro? El millonario costo de cada iniciativa aprobada en México

Con un rezago de más de 4 mil propuestas, cada aprobación le cuesta al bolsillo de los ciudadanos más de 70 millones de pesos

A 20 meses de haber iniciado la actual gestión legislativa, las cuentas en la Cámara de Diputados simplemente no cuadran para el ciudadano de a pie. Mientras la “congeladora” parlamentaria acumula miles de documentos, el costo operativo de San Lázaro sigue corriendo, revelando una cifra que pone a temblar a cualquiera: cada iniciativa aprobada tiene un costo real de 70.3 millones de pesos.

A pesar de que los diputados disponen de una bolsa presupuestal que para el periodo 2025-2026 suma más de 19 mil 205 millones de pesos, la productividad parece ir a paso lento. De las 5 mil 199 iniciativas que han aterrizado en las curules —provenientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, partidos políticos y estados—, apenas 273 han visto la luz verde.

Radiografía del gasto y la productividad:

  • La prioridad del Ejecutivo: De las 48 iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum, 45 ya fueron aprobadas, mostrando que la maquinaria legislativa se mueve rápido solo cuando la orden viene desde arriba.
  • Productividad partidista: Morena ha presentado 1,723 propuestas, pero solo se han aprobado 69. La oposición enfrenta un panorama similar, con cientos de iniciativas “durmiendo el sueño de los justos”.
  • Sueldos de lujo: Mientras el rezago crece, cada legislador percibe un salario mensual de 154 mil 404 pesos, sin contar prestaciones, viáticos, boletos de avión y gastos de representación.
  • El gran rezago: Actualmente existen 4 mil 624 iniciativas pendientes de dictaminar. Es decir, casi el 90% del trabajo prometido sigue guardado en las gavetas.

Este millonario costo no solo incluye las dietas de los diputados, sino también el pago de asesores, personal administrativo, seguridad y el mantenimiento de las instalaciones. Con los legisladores ya en receso hasta septiembre, la pregunta que queda en el aire es si la calidad de las leyes justifica el precio tan alto que los mexicanos pagan por ellas.

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