La llamada ‘Ley Antimemes’ genera dudas sobre la libertad de expresión, especialmente por el uso de logotipos, imágenes y símbolos de instituciones públicas en redes sociales.
La reforma establece penas de uno a cinco años de prisión, además de multas, cuando se utilicen elementos de identidad institucional a escala comercial con la intención de hacer creer que una comunicación, plataforma o servicio es oficial y así cometer un ilícito.
De acuerdo con la especialista Daniela Carrasco, de la Universidad Iberoamericana, esto no significa que cualquier persona que haga un meme sobre el Gobierno vaya automáticamente a la cárcel.
El punto que genera preocupación es la redacción de la reforma, pues no establece de manera expresa una excepción para contenidos de parodia, sátira o crítica.
La especialista señala que una persona puede utilizar un logotipo oficial dentro de un meme cuando el objetivo es hacer una crítica o una expresión humorística y no engañar a los usuarios.
El problema aparece cuando esos elementos se utilizan para crear una apariencia falsa de oficialidad. Por ejemplo, una página que imita a una institución pública para hacer creer que se trata de un sitio oficial y obtener algún beneficio ilícito.
Carrasco considera que la amplitud de la redacción puede generar dudas sobre qué conductas están permitidas y cuáles podrían ser consideradas delito.
Esto también podría provocar un efecto inhibitorio: que algunas personas prefieran no publicar determinados contenidos por temor a ser investigadas, incluso cuando consideren que se trata de una expresión legítima.
Por ahora, uno de los principales debates está en determinar cómo se aplicará la reforma y qué criterios utilizarán las autoridades para diferenciar entre una expresión satírica y un intento de engaño.
En otras palabras, hacer un meme no equivale por sí mismo a cometer un delito, pero el uso de elementos oficiales con fines comerciales y con intención de engañar es el supuesto que contempla la reforma.
